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A inicios del presente año, el ente previsional firmó contrato con la empresa unipersonal de la Ing. Lilian Sanabria para realizar un exhaustivo trabajo para conocer el “valor real” de esta propiedad, en estado de absoluto abandono hace 20 años.
Cabe recordar que el año pasado, el Congreso nacional sancionó la Ley 4777/12, que autoriza al Instituto la enajenación, a título oneroso, del inmueble individualizado como Complejo Habitacional Mariano Roque Alonso.
Faculta al Consejo de Administración del Instituto a determinar, por mayoría absoluta de dos tercios la oportunidad y conveniencia de implementar la enajenación del inmueble, que puede ser venta directa o la posibilidad de llevar adelante proyectos de inversión. Una de las primeras condiciones establecidas en la ley es la realización de la tasación.
La tasadora debió entregar su “informe final” el pasado 18 de junio, pero hasta ahora no lo ha hecho (no se sabe los motivos), pero de acuerdo a fuentes extraoficiales, habría presentado un valor contable actual de US$ 16 millones, que al tipo actual orilla los G. 72.300 millones de guaraníes, que –no obstante– casi duplica el valor calculado durante la administración del Dr. Luis López al frente de la previsional.
Mayor valor
Sin embargo, el consejero por el empresariado, Ing. Hugo Cataldo, cree que este inmueble vale hoy, como mínimo, un promedio de US$ 200 el metro cuadrado, los que en 23 hectáreas haría un total de US$ 46 millones. En el peor de los casos, serían US$ 23 millones, si se tuviera que venderla a US$ 100 el metro cuadrado.
Dijo que, por otro lado, en un emprendimiento inmobiliario serio, el valor del terreno no debería ser superior al 15% del total, con lo cual la inversión que se ajustaría a esa propiedad estaría en torno a los US$ 153 millones. Se cree asimismo que deberá tenerse en cuenta que hay una infraestructura importante que realizar en materia de calles, de un sistema eléctrico y los de agua potable, cloacas y tratamiento de efluentes, que deberían sumarse al valor calculado eventualmente.
Los orígenes
Este proyecto es fruto del fraude bancario más grande realizado en Paraguay por un grupo de políticos (colorados), sindicalistas y seudoempresarios, a través del quebrado Banco Nacional de Trabajadores (BNT). Cuando quedó trunco (allá por 1995), la propiedad pasó a manos del IPS, considerando que era uno de los mayores depositarios del banco fallido, por un valor aproximado de 55.000 millones de guaraníes, bajo la figura de dación de pago.
Desde entonces, cada administración del ente intentó infructuosamente modificar la carta orgánica del IPS de forma a recuperar la facultad de enajenar sus más de 1.000 inmuebles hasta el año pasado.