Cargando...
La “exclusión” se produjo por iniciativa del Gobierno, más específicamente de la propia Itaipú, del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional del Indio (Funai), añade.
Explica el material que estos órganos clasificaron a los indígenas como “ocupantes”, clasificación con la que explicaron el abandono de estos grupos humanos, tanto en lo atinente al reasentamiento como a la reparación.
O Globo explica que estas conclusiones pertenecen al grupo de trabajo que se constituyó a pedido de la fiscala general de la República, Raquel Dodge, cuyo informe se hizo público el último jueves.
Añade que Dodge recibió en la sede de la Procuraduría General de la República a líderes Ava-guaraní, a quienes entregó el documento con las conclusiones del grupo de trabajo.
Fiscales de la República y antropólogos del Ministerio Público Federal (MPF) investigaron el caso y concluyeron que hubo graves violaciones de derechos de los Ava-guaraní y que buena parte de ellos ocupa hoy áreas no demarcadas y en conflictos constantes con propietarios de esas áreas.
El grupo de trabajo fue constituido en el marco de una investigación civil pública instaurada en 2008.