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La casi coincidencia de las fechas de esta licitación con las elecciones del 22 de abril en nuestro país no pudo ser mejor escogida. En efecto, mientras la clase política se enfrascaba en las campañas electorales, nuestras autoridades “negociaban” históricos reclamos en Yacyretá de gran importancia para nuestro país por sus probables consecuencias.
La violación del acuerdo se habría configurado desde el momento en que los firmantes del Acta de Entendimiento acordaron la construcción de una nueva central hidroeléctrica en Aña Cua, pese a que esta obra que no está contemplado en el Anexo “B” (que se refiere a las obras) del tratado, aprobado en nuestro país por Ley N° 433/73 del 20 de diciembre de 1973, y en Argentina por Ley 20646/73, en vigencia desde el 27 de marzo de 1974 y que caducó el 27 de marzo de 2014.
Debe señalarse que el Anexo “B” contiene la “Descripción general de las Instalaciones destinada a la producción de energía eléctrica y al mejoramiento de las condiciones de navegación y de las obras complementarias para el aprovechamiento del río Paraná”.
La decisión sobre esta obra se basó en el tercer párrafo del capítulo 1 “OBJETO” que dice “Las obras descriptas en el presente anexo podrán sufrir modificaciones, previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá, cuando exigencias técnicas que se verifiquen durante la elaboración del proyecto y ejecución de las obras cuando requerimientos del mercado energéticos así lo aconsejen”.
El párrafo se refiere concretamente a “modificaciones previa aprobación del Consejo de Administración de Yacyretá”. Al emplear el término modificaciones se refiere a las obras descriptas en el Anexo “B”, no a nuevas obras como la del Aña Cua.
Desde un principio nuestro país adoptó una clara posición de condicionar la ejecución de esta nueva central al saneamiento previo de la deuda que Yacyretá mantiene con el tesoro paraguayo, además otros reclamos históricos pendientes, como tarifas, compensación por territorio paraguayo inundado.
Sin embargo, lo acordado en el Acta de Entendimiento firmado por los presidentes Carter y Macri en mayo de 2017, que dio luz verde al Aña Cua, además, según los entendidos, lo que acordaron entre bambalinas no fue en los términos señalados, por lo que es muy posible que los resultados no terminen obligando a nuestro país a renunciar a sus reclamos.