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En la ley de presupuesto están contempladas 94 instituciones y, de acuerdo a los datos manejados al 2017, cerca de la mitad ya incorporaron la denominada matriz salarial desde su implementación en 2015.
El sistema en teoría fusiona el 70% de las bonificaciones y gratificaciones al sueldo de los funcionarios; debía eliminar los pagos adicionales, gratificaciones o “aguinaldo extra”, pero terminó triplicando las remuneraciones de los funcionarios y haciendo más rígido el gasto salarial.
La nueva matriz, de este modo, “blanqueó” en el salario los ingresos adicionales que tenían los funcionarios que eventualmente podrían recortarse y mantuvo el pago de las bonificaciones y gratificaciones que debían eliminarse.
Prohibido, pero se paga
El pago de aguinaldo extra no cesó en diversas instituciones, entre ellas el propio Ministerio de Hacienda, a pesar de un decreto del Ejecutivo que lo prohibía y que fue emitida por la presión de la ciudadanía, que se llegó a manifestar en contra de estos beneficios.
El año pasado, incluso, la ministra de Hacienda, Lea Giménez, autorizó el pago bajo la figura de “subsidio familiar” para los funcionarios de la cartera a pocos días de las internas del Partido Colorado, en donde pugnaba como candidato a la Presidencia su antecesor, Santiago Peña.
Los audios que se filtraron en aquel entonces revelaron que Peña se había reunido con un grupo de sindicalistas y allí se habría tomado la decisión de pagar como medida para captar votos.
Esta decisión de la ministra Giménez abrió las puertas para que otras instituciones realizaran lo mismo y el monto final habría llegado a los US$ 11 millones bajo esta figura (datos oficiales no se dieron).
Recomiendan eliminar
Algunos analistas económicos consultados por ABC Color, como parte de un debate sobre los recortes que se deben realizar para reducir el déficit fiscal, son partidarios de eliminar la matriz salarial o reformularlo y reformar la ley del funcionario público.
Manuel Ferreira, economista y exministro de Hacienda, sostiene que se debe eliminar porque desde el momento en que los beneficios se convierten en salarios ya no se pueden tocar y generan una distorsión, además de presión a la caja fiscal.
Amílcar Ferreira, analista económico, considera que el gasto salarial se debe reformular y que la Secretaría de la Función Pública debería hacer un estudio serio para definir las categorías e ir corrigiendo en el tiempo las distorsiones generadas de la matriz salarial.
Con esto, según dijeron, se iría creando espacio para reducir el déficit que cada año registra la administración central (desde 2012).