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A través de un comunicado remitido ayer a la prensa, la Coordinadora Nacional de Comisiones Vecinales, que aglutina justamente a gente que podría ser afectada por un tren de cercanías, cuestionó duramente la ley recientemente sancionada, que apunta en teoría a rehabilitar el ferrocarril, pero que contempla la implementación de otro tipo de medio de transporte masivo, como por ejemplo el metrobús.
“La ley que acaba de sancionar el Congreso se ha convertido en un proyecto de tren de cercanías o metrobús, a expreso pedido del Ministerio de Obras Públicas”, dice la nota, y añade que los legisladores desoyeron recomendaciones de profesionales como el Prof. Hugo Estigarribia Gutiérrez, que en su parecer jurídico resaltó el tema de la inconstitucionalidad; y el Arq. Jorge Rubiani, quien dio su opinión técnica sobre la falta absoluta de criterios urbanísticos, sociales, económicos y de vialidad en la opción de usar la senda histórica del tren para fines no ferroviarios.
El texto aprobado adolece de tres “graves inconstitucionalidades”, resalta, las cuales son: En primer lugar, “los artículos 5 y 6 establecen una expropiación genérica, indeterminada, aleatoria y contingente absolutamente prohibida por nuestra Carta Magna (Art. 109)”, y segundo; “lamentablemente, debido a la improvisación de última hora de parte del Ministerio de Obras Públicas, en el texto de la ley se omitió establecer la indemnización pertinente requerida por el Art. 109 de la Carta Magna para el caso de que se ejerza la opción del metrobús o cualquier otro medio de transporte (Art. 9)”. Además, “se pretende legalizar la opción de la senda histórica de la vía del tren en violación a lo preceptuado en el Art. 81 de la Carta Magna, que establece protección absoluta de los bienes culturales”.
Critica ligereza
La Coordinadora critica que “tres importantes referentes de la Cámara de Diputados” hayan defendido el texto violatorio de la constitución, como Dany Durand, Ramón Romero Roa y Eber Ovelar, todos del oficialismo colorado. “Es lamentable que evidentes obras de progreso, como son el tren de cercanías o metrobús, sean encarados por las autoridades con tal grado de ligereza. En suma, la ley sancionada no sirve para nada y no tendría sentido que el Poder Ejecutivo la promulgue en estas condiciones, porque es totalmente inaplicable”, subraya la nota, firmada por Wilfrido Fernández, Silvio Colmán y Diana Velázquez.
También la Cooperativa Ferroviaria Pdte. Carlos Antonio López, creada por exoperarios del extinto ferrocarril, ha coincidido en señalar aspectos inconstitucionales en la ley. Pero, agrega que toda la franja de dominio del tren (20 metros a cada lado de las vías históricas) es propiedad estatal y por tal motivo, quienes la estén ocupando deben ser tratados de invasores, ya que los bienes dominiales del Estado son “inalienables, inembargables e imprescriptibles” (Art. 1898 del Código Civil).