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El Ing. Canese agregó que en el ámbito de la Comisión de Hidroeléctricas del Parlasur están dando seguimiento a todo lo que tenga relación con la revisión del Anexo C de Itaipú en 2023, e cuyo marco uno de los elementos fundamentales es, precisamente, el saldo de la deuda de la binacional, que rondaría hoy los US$ 7.000 millones.
Añadió que otro “aspecto fundamental” en esta historia es la conocida como “deuda espuria”, que no solamente es eso, sino algo totalmente ilegal, porque (en el lapso indicado) se fijó una tarifa por debajo del costo, en total contravención al Tratado de Itaipú, que establece que la tarifa tiene que se igual al costo.
Dijo que tienen documentos de la propia entidad binacional, aparte de los que tiene la Contraloría General de la República (CGR), en los que claramente se reconoce que se fijó esa tarifa. “Eso ha sido absolutamente ilegal. Según esos documentos, Eletrobras contrató el 98,5% entre 1985 y 1996, de modo que tendría que pagar esa deuda que fue de US$ 4.193 millones, a la que hay que agregar los intereses vencidos”, aseveró.
Comentó que la comisión ya envió al contralor general, Camilo Benítez Aldana, una nota en la que le piden que les indique cuál es la documentación que la Itaipú Binacional aún no le remitió para terminar la auditoría de la deuda.
Consultado si Brasil reconoce la existencia de tal deuda ilegal, Canese recordó que el vecino país se benefició con esa deuda, pero siempre se ha negado a reconocer sus consecuencias. “Si vamos a aplicar el Tratado, tendríamos que repartir esos US$ 4.193 millones de dólares, con sus intereses, en forma proporcional a la potencia contratada por ambas partes. Eso es lo que correspondería conforme a derecho”, enfatizó.
Acuerdo Lula-Lugo
Recordó que entre los años 2008 y 2009 se negoció y se acordó con Brasil (durante los gobiernos de Fernando Lugo y Lula da Silva) la revisión de esta deuda y se aceptó que la Contraloría haga la auditoría de la deuda correspondiente.
Al señalársele que tampoco se le permite hasta ahora a la CGR hacer su trabajo, dijo que por esa razón están solicitando al contralor que manifieste cuáles son los documentos de Itaipú que le faltan para iniciar sus labores, de manera que los parlamentarios, sean del Mercosur o del congreso nacional, insistan ante los representantes paraguayos de Itaipú.
Acotó que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, debería exigir a los consejeros paraguayos de Itaipú a entregar esos documentos.