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Alrededor de 4.000 solicitudes pendientes tiene la Copaco. Es casi la misma cantidad de funcionarios que posee (5.000). La falta de atención se debe a varios factores, según el gerente comercial, Hugo Sosa.
Mencionó, entre otras cosas, la falta de materiales, insumos y disponibilidad de recursos humanos (cosa curiosa porque está superpoblada la empresa estatal).
Los 4.000 pedidos sin atender corresponden a conexiones para servicio de telefonía básica, internet (ADSL) e Internet Protocol Televisión (IPTV). De acuerdo al detalle, unos 2.100 son para línea baja; 1.300 para internet y alrededor de 500 para conexión del servicio IPTV.
En el caso de IPTV hace poco la estatal adjudicó una licitación para la instalación y asistencia técnica de los servicios Click e IPTV, que cuentan con 1.800 solicitudes pendientes. La telefonía de momento no tiene ningún plan para cumplir con los 2.100 pedidos.
La falta de una respuesta rápida y eficaz siempre fue una constante en la empresa pública. No en balde está sumida en una situación económica catastrófica actualmente.
No solo tarda en atender los pedidos de conexión, sino también los reclamos de los usuarios por averías del servicio de telefonía básica. Hay casos en que tardan más de un mes para acudir al llamado del cliente.
Desde el año 2009 su facturación y sus utilidades fueron cayendo en forma estrepitosa. Poco más de la mitad de todo lo que recauda al mes va a parar a sueldos de sus 5.000 funcionarios. Son unos G. 40.000 millones al mes.
Los millones de dólares invertidos en tecnología, que no tuvieron el retorno de inversión establecido, son otros aditivos a la desastrosa situación económica, según el titular de la empresa, Rogelio Benítez.
La corrupción a nivel operativo es otra pesada carga para las finanzas de la telefónica. Cada año es “víctima” de robo de costosos materiales. Curiosamente los casos denunciados ante la fiscalía fueron archivados.
Tampoco prosperaron las investigaciones internas de la empresa pública. Por ejemplo el caso del robo de cables de cobre en Isla Bogado (Luque), cuyo valor ronda los G. 70 millones. El sitio era vigilado por guardias de la empresa Doram SACI.
Los mismos funcionarios pedían coimas para instalar los servicios a los clientes. Por ejemplo existen dos denuncias en contra de Cervellón Díaz. Lidia Giménez y Richard Agüero denunciaron pago de coima al funcionario. A Giménez le retornó sus G. 335.000 con la condición de retirar la denuncia fiscal. En el caso de Agüero la denuncia no llegó a la fiscalía, solo a Copaco. Pagó G. 200.000 para conexión de teléfono en el Shopping El Portal.