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Añadió que, en ese sentido, la Asesoría Legal de la CAP presentó una nota al representante del sector empresarial-patronal en el Instituto para que informe cuántas auditorías o inspecciones se han realizado durante el 2012 y 2013, para conocer si únicamente empresas formales son las que reciben la “especial atención” del ente previsional.
Biedermann aseveró que una empresa que no tiene en el IPS a la nómina de funcionarios, además de perjudicar seriamente a sus empleados, que no tendrán acceso al sistema de salud y a una merecida jubilación, también se convierte en una competencia ilegal y desleal que se aprovecha de la incapacidad institucional de realizar los controles en forma igualitaria, evadiendo igualmente impuestos y tasas fiscales y municipales.
Insistió en que, como siempre, solamente las empresas formales, “con nombres y apellidos”, son las que reciben todo el “peso y el rigor” de las instituciones del Estado. “Esta inequidad es intolerable y es uno de los inhibidores principales para mantener y atraer inversiones al país”, subrayó el dirigente empresarial.
Alta informalidad
En cuanto a la alta informalidad existente en el país, el censo económico, realizado el año pasado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), encontró que cerca del 65% de la población económicamente activa (3.094.307 personas) no figura en los registros del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que significa que solo 3 de cada 10 son trabajadores formales. Corregir esta situación puede significar, por un lado, el aumento del universo de contribuyentes o de la presión tributaria, que se estima ronda el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, además de un mejoramiento de los controles del IPS, pero sobre aquella franja de empresas que no están cumpliendo con sus obligaciones sociales.
En esto deberían trabajar en forma conjunta principalmente tres instituciones: el Ministerio de Hacienda, el IPS y el Ministerio de Justicia y Trabajo, pero actualmente existen obstáculos legales que no permitirían armonizar los registros. Según los expertos, enfrentar este desafío, especialmente por parte del nuevo gobierno, requerirá de una nueva ley para derrumbar arcaicas cartas orgánicas.
Cabe recordar que el año pasado el IPS alcanzaba un fuerte crecimiento en sus recaudaciones en concepto del aporte obrero patronal, al totalizar US$ 64 millones. Sin embargo, este incremento puede ser muchísimo más si las autoridades se ocuparan en serio de potenciar el IPS y así reducir la altísima evasión existente.