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Nuestro país vivió sus peores resultados económicos en el 2003 al final del mandato de Luis González Macchi, cuando se incurrió en cesación selectiva de pagos de nuestros compromisos externos, la pobreza se disparó por encima del 50%, las reservas monetarias llegaron a niveles mínimos históricos y la deuda externa representaba un porcentaje importante del producto interno bruto (PIB).
Ante el preocupante panorama, Nicanor Duarte Frutos y el Equipo Económico liderado por Dionisio Borda negociaron un pacto con los diferentes sectores económicos, así como elevar al Legislativo un paquete de medidas para salir de la crisis.
Dentro del conjunto de normas apareció uno que luego se convirtió en la Ley N° 2345, de Reforma y Sostenibilidad de la Caja Fiscal, que, por un lado, estableció un incremento en los aportes de los beneficiarios del sistema, y por el otro una serie de racionalizaciones en los beneficios, especialmente para militares y policías. Con el transcurso de los años dio sus resultados positivos.
Sin embargo, la bonanza tuvo un abrupto corte en el 2015, cuando los saldos positivos que se fueron sucediendo se frenaron y se revirtió la situación. El 2018, la Caja cerró con un déficit de G. 644.927 millones de guaraníes, más de US$ 100 millones que deben ser cubiertos con dinero de los contribuyentes.
El sector más deficitario es el de los militares, que al final del 2018 ascendía a G. 480.000 millones, seguido por el de los policías y docentes. En cambio, funcionarios públicos, magistrados judiciales y docentes universitarios son los que aún mantienen saldos positivos (en el caso de los empleados públicos el superávit supera los G. 448.000 millones.
La cantidad de docentes, militares y policías que pasaron a retiro en el mencionado lapso tensa la Caja Fiscal, pero a todo esto se suman las perforaciones de la Ley de Sostenibilidad mencionada anteriormente, fruto de resoluciones del Poder Judicial.
Ahora, el ministro de Hacienda Benigno López está advirtiendo que la máxima instancia de la Justicia está otorgando fallos que ordenan la equiparación de los haberes jubilatorios a los salarios del personal activo de la Administración Pública. En entrevista con ABC advirtió que esto representa una “bomba de tiempo termonuclear con efectos de destrucción masiva”.
Advierte que el Estado no tiene presupuesto para cubrir estas demandas y que para satisfacerlas necesita primero de una ley que autorice los ingresos correspondientes que, sin lugar a dudas, provendrán de aumentos masivos en los impuestos.
Dijo que remitiría el viernes último un escrito a las autoridades de la Corte Suprema para explicarles que hoy no existe tamaño crédito presupuestario para cubrir esas demandas y que pediría referencias de dónde saldría el dinero correspondiente. Lo cierto es que de concretarse, el dinero deberá salir de algún bolsillo, según refirió López.
Esta será una semana clave en esta materia. Los gremios de jubilados preparan algunas movilizaciones para presionar al Ministerio de Hacienda que cumpla con las órdenes judiciales y lo que establece la Constitución Nacional.