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Existe un alto riesgo de que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) pierda por morosidad un inmueble en Paranaguá (Brasil), donde funcionan sus oficinas (aunque no registra movimiento comercial) y de la Dirección Nacional de Aduanas.
Según extracto de la Comuna brasileña a la que accedió nuestro diario, desde el 2003 la ANNP no paga el impuesto y acumula una deuda de 64.508 reales (G. 105 millones al cambio de G. 1.630). Inclusive se exigió el pago vía judicial, por lo que podría ser subastado.
Las autoridades de la ANNP no saben, al parecer de ello. Ayer Ramón Retamozo, titular de la institución, respondió que nos informará el martes. “Desde que asumí la administración hemos pagado muchísimos impuestos inmobiliarios, la mayoría de dos a tres años de atraso y el de Paranaguá tengo que ver el martes. El gerente de operaciones ya está averiguando”, señaló.
En el sitio también funcionaba el consulado. Rafael Rabery, antiguo funcionario de la ANNP, dijo a ABC que en 1978 Puertos compró el edificio. Actualmente el delegado en Paranaguá es Raúl Florentín, cuñado del presidente de Diputados, Miguel Cuevas. Además de él, están asignados allí otros 13 funcionarios.
No pagó, pero “invirtió”
Héctor Duarte, extitular Puertos, transfirió en noviembre de 2017 G. 1.200 millones a Luis González, entonces delegado de Paranaguá, para ejecutar obras en el depósito franco. La plata era para financiar obras, pero después se supo que en realidad tales obras ya habían sido hechas por el gobierno brasileño. Eso consta en una denuncia radicada el año pasado por funcionarios ante la Fiscalía. El caso investiga el agente René Fernández.
De acuerdo a informaciones suministradas por antiguos funcionarios de la ANNP, ésta tiene tres inmuebles en Paranaguá. El que está en peligro de perder se encuentra en el centro de la ciudad, sobre la calle Joao Eugenio.
Los otros dos inmuebles están en el Puerto. Uno de ellos, el silo, fue alquilado por 30 años, en 2014, a la firma Mercosul, que según denuncias anteriores no abonaba el canon establecido con el argumento de que la cinta transportadora no funcionaba. Antes de Mercosul, la propiedad estuvo arrendada por 25 años por la empresa paraguayo-brasileña Capeco-AGTL, según los antecedentes.