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La advertencia del Ministerio Público sobre las consecuencias que traería el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la exportadora de cueros Pasex se está cumpliendo. Otra investigación sobre contrabando y evasión fiscal corre el riesgo de ser anulada definitivamente bajo la figura de la prejudicialidad.
De acuerdo con esta, toda evasión fiscal debe determinarse primero en el ámbito administrativo, vale decir en Hacienda, antes de pasar al área penal, pese a que se trata de un delito tipificado como tal en el código respectivo y a que el Ministerio Público tiene obligación de actuar de oficio ante la presunción de la comisión de un delito. A más de tener el monopolio de la acción penal.
Lo concreto es que la exportadora Pasex, sospechada de haber falsificado facturas y simulado operaciones para recuperar unos ocho mil millones de guaraníes en impuestos que -según la presunción de la fiscalía- nunca pagó, quedó libre de la investigación fiscal hasta tanto se defina su suerte en el ámbito administrativo, lo que puede demorar más de cuatro años.
LA HISTORIA SE REPITE
Un caso idéntico se desarrolla en Ciudad del Este. La empresa importadora de agroquímicos Diagro SA fue acusada de ingresar de contrabando al país más de 37 mil litros de un poderoso herbicida, el Boral SC 500. El valor de la mercadería supera 1,2 millón de dólares.
La investigación se realizó tanto en Aduanas como en la fiscalía. En la primera se confirmó una evasión fiscal de más de 790 millones de guaraníes. En el Ministerio Público hay elementos suficientes como para suponer una evasión mayor, delito al que se sumarían otros posibles como la simulación de operaciones y la falsificación de contenido de documentos públicos.
La fiscalía tenía ya los elementos necesarios para presentar acusación por evasión y contrabando contra los responsables de la importadora, Gilberto Rubert y Joacir Alves, ambos brasileños, cuando su trabajo fue suspendido por orden de un juez de primera instancia; una orden ratificada luego por un Tribunal de Apelaciones. La figura planteada por la defensa de los brasileños a cargo del abogado Pedro Ovelar (el mismo del Caso Pasex) fue la de la prejudicialidad. Sorprendentemente, pese al sumario de Aduanas y a los documentos obtenidos por la fiscalía, Tributación había concluido tras una primera inspección que no existe evasión fiscal.
El caso, de acuerdo con los fallos judiciales presentados hasta ahora, va camino a la exoneración total de la empresa.
EL CASO
Para entender mejor la historia conviene conocer los detalles. De acuerdo con los documentos que obtuvo la fiscalía, la empresa Diagro SA, creada por Rubert y Alves en 1995, importó de la firma brasileña FMC Química Do Brasil 37 mil litros de Boral SC 500, en tres partidas, el 21 de noviembre de 2000, el 8 de octubre de 2001 y del 17 de octubre de 2001.
Las exportaciones fueron registradas como tales por la empresa brasileña a favor de Diagro SA y consignadas en el sistema integrado de comercio exterior de la Reserva Federal del Brasil. Además, la fiscalía consiguió copias autenticadas de los documentos que poseían las empresas transportadoras que trasladaron los herbicidas desde la firma brasileña hasta territorio paraguayo. Todos dan cuenta de que la propiedad de la mercadería era de Diagro SA.
Para que no queden dudas, la fiscalía obtuvo registros bancarios que prueban las transferencias de dinero de los propietarios de Diagro SA a favor de FMC Química Do Brasil, desde los bancos Citibank, Integración y ABN en Ciudad del Este.
De acuerdo con los documentos, Diagro SA compró de la firma brasileña los 37 mil litros de herbicida pagando por él 1,2 millón de dólares, los transportó hasta la frontera con Paraguay, pero jamás los despachó en Aduanas. Obviamente, la sospecha es que los ingresó al mercado ilegalmente.
Hay más. En los registros contables de Diagro SA no aparecen las importaciones del producto, pero sí su venta.
Para la fiscalía, hay elementos suficientes para acusar a la firma de contrabando y evasión fiscal. Aduanas realizó un sumario y llegó a la misma conclusión.
En Tributación, sin embargo, no encontraron evasión alguna. Y lo más grave es que la justicia determinó que todo debe definirse en el ámbito administrativo; es decir en Tributación.
La última palabra la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia, la misma que benefició antes a una empresa acusada en idénticas circunstancias, la exportadora Pasex.
Intentamos obtener una versión del abogado Ovelar sobre el tema, pero fue imposible dar con él.
De acuerdo con esta, toda evasión fiscal debe determinarse primero en el ámbito administrativo, vale decir en Hacienda, antes de pasar al área penal, pese a que se trata de un delito tipificado como tal en el código respectivo y a que el Ministerio Público tiene obligación de actuar de oficio ante la presunción de la comisión de un delito. A más de tener el monopolio de la acción penal.
Lo concreto es que la exportadora Pasex, sospechada de haber falsificado facturas y simulado operaciones para recuperar unos ocho mil millones de guaraníes en impuestos que -según la presunción de la fiscalía- nunca pagó, quedó libre de la investigación fiscal hasta tanto se defina su suerte en el ámbito administrativo, lo que puede demorar más de cuatro años.
LA HISTORIA SE REPITE
Un caso idéntico se desarrolla en Ciudad del Este. La empresa importadora de agroquímicos Diagro SA fue acusada de ingresar de contrabando al país más de 37 mil litros de un poderoso herbicida, el Boral SC 500. El valor de la mercadería supera 1,2 millón de dólares.
La investigación se realizó tanto en Aduanas como en la fiscalía. En la primera se confirmó una evasión fiscal de más de 790 millones de guaraníes. En el Ministerio Público hay elementos suficientes como para suponer una evasión mayor, delito al que se sumarían otros posibles como la simulación de operaciones y la falsificación de contenido de documentos públicos.
La fiscalía tenía ya los elementos necesarios para presentar acusación por evasión y contrabando contra los responsables de la importadora, Gilberto Rubert y Joacir Alves, ambos brasileños, cuando su trabajo fue suspendido por orden de un juez de primera instancia; una orden ratificada luego por un Tribunal de Apelaciones. La figura planteada por la defensa de los brasileños a cargo del abogado Pedro Ovelar (el mismo del Caso Pasex) fue la de la prejudicialidad. Sorprendentemente, pese al sumario de Aduanas y a los documentos obtenidos por la fiscalía, Tributación había concluido tras una primera inspección que no existe evasión fiscal.
El caso, de acuerdo con los fallos judiciales presentados hasta ahora, va camino a la exoneración total de la empresa.
EL CASO
Para entender mejor la historia conviene conocer los detalles. De acuerdo con los documentos que obtuvo la fiscalía, la empresa Diagro SA, creada por Rubert y Alves en 1995, importó de la firma brasileña FMC Química Do Brasil 37 mil litros de Boral SC 500, en tres partidas, el 21 de noviembre de 2000, el 8 de octubre de 2001 y del 17 de octubre de 2001.
Las exportaciones fueron registradas como tales por la empresa brasileña a favor de Diagro SA y consignadas en el sistema integrado de comercio exterior de la Reserva Federal del Brasil. Además, la fiscalía consiguió copias autenticadas de los documentos que poseían las empresas transportadoras que trasladaron los herbicidas desde la firma brasileña hasta territorio paraguayo. Todos dan cuenta de que la propiedad de la mercadería era de Diagro SA.
Para que no queden dudas, la fiscalía obtuvo registros bancarios que prueban las transferencias de dinero de los propietarios de Diagro SA a favor de FMC Química Do Brasil, desde los bancos Citibank, Integración y ABN en Ciudad del Este.
De acuerdo con los documentos, Diagro SA compró de la firma brasileña los 37 mil litros de herbicida pagando por él 1,2 millón de dólares, los transportó hasta la frontera con Paraguay, pero jamás los despachó en Aduanas. Obviamente, la sospecha es que los ingresó al mercado ilegalmente.
Hay más. En los registros contables de Diagro SA no aparecen las importaciones del producto, pero sí su venta.
Para la fiscalía, hay elementos suficientes para acusar a la firma de contrabando y evasión fiscal. Aduanas realizó un sumario y llegó a la misma conclusión.
En Tributación, sin embargo, no encontraron evasión alguna. Y lo más grave es que la justicia determinó que todo debe definirse en el ámbito administrativo; es decir en Tributación.
La última palabra la tiene ahora la Corte Suprema de Justicia, la misma que benefició antes a una empresa acusada en idénticas circunstancias, la exportadora Pasex.
Intentamos obtener una versión del abogado Ovelar sobre el tema, pero fue imposible dar con él.