La imputación se basa, entre otros elementos, en la declaración de Gustavo Adolfo Vaccaro Vallejos, quien afirmó que Marín Postigo en su carácter de presidente de Aimpro Paraguay era el administrador de todos los bienes del padre Rubio.

El fiscal Gaona solicitó al juzgado la aplicación de una serie de medidas alternativas a la prisión, entre ellas: la prohibición de salida del país sin autorización judicial, la comparecencia mensual obligatoria ante la secretaría del juzgado, la prestación de un caución real adecuada por el propio imputado o tercera persona mediante depósito de valores, hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas.

El juzgado aún no fija la fecha para que el imputado acepte estas condiciones para no ir a prisión. El incumplimiento de cualquiera de las medidas que imponga el juzgado revocaría automáticamente la libertad.

Gaona pidió a la magistrada un plazo de cuatro meses para cerrar la investigación y presentar acusación u otro requerimiento conclusivo.

La magistrada también dispuso ayer la inhibición general de gravar y vender bienes contra el padre Rubio, Rubén Ramírez Cataldo, director de la Fundación María Gloria; Sócrates Garcete, director nacional del proyecto Ysakã; Lucio Martínez y Mirtha Onieva, contador y secretaria, respectivamente. La misma medida pesa contra los bienes del Ing. Marín Postigo.


EMBARGAN MILLONARIA CUENTA

Una cuenta de US$ 2.000.000, perteneciente a la Agencia de Implementación de Proyectos para el Desarrollo (Aimpro), fue embargada por la jueza Blanca Gorostiaga a pedido del fiscal Juan Claudio Gaona, pero el representante del Ministerio Público no encontró elementos que vinculen el millonario monto con los fondos de la Unión Europea que supuestamente fueron desviados por el padre José Antonio Rubio.

Gaona recibió la información de que esa cuenta en Interbanco estaba a nombre de Jorge María Marín Postigo, por lo que decidió constatar la veracidad del reporte para solicitar el bloqueo de la cuenta.

Sin embargo, el fiscal recibió la información de que la cuenta en realidad era parte de una donación hecha por el gobierno de Taiwán a esa organización.

Esto debilitó la posibilidad de que el dinero sea parte de los 17 mil millones de guaraníes donados por la Unión Europea. No obstante, se ordenó el bloqueo como medida cautelar.