Cargando...
La jueza Irún ordenó el pago de más de G. 18.000 millones (US$ 3,2 millones) por la supuesta venta de un inmueble que siempre perteneció al Estado, según informaron ayer las autoridades durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Ministerio de Hacienda.
El viceministro y ministro sustituto de Hacienda, Óscar Llamosas (la ministra está en Taiwán), dijo que la magistrada realizó varias intimaciones para que se deposite el dinero en una cuenta judicial por la supuesta operación, pero ante la negativa denunció el pasado martes a la ministra ante el Ministerio Público por desacato, para buscar forzar el pago por tierras con titulación irregular e inconsistencia geográfica.
De la conferencia de prensa participaron y dieron sus respectivas versiones en el mismo sentido, el presidente del Indert, Justo Cárdenas; el procurador general de la República, Francisco Barriocanal; el director jurídico del MOPC, Dionisio Mereles; la directora de Registros Públicos, Lourdes González; el abogado del Tesoro, Fernando Benavente; el director de Catastro, Francisco Ruiz Díaz, y el cacique Mariano Ferreira, de la comunidad Ava Guaraní (afectada por este litigio).
Explicaron que el hecho proviene de un juicio caratulado “Alfredo Sebastián Jaeggli Valdés y otros c/ Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones s/ejecución de resoluciones judiciales”, a cargo de la citada jueza que dictaminó el pago del inmueble (Finca 2108 con Padrón 3146 de Itakyry) que está ubicado sobre tierras fiscales, intentando así que el Estado compre su propia propiedad.
“Se trata de la supuesta venta de una parcela resultante del fraccionamiento de la citada finca, que realizara un privado al Ministerio de Obras Públicas, pero con titulación irregular y serias inconsistencias geográficas”, argumentaron.
A modo de frenar el pago, el Gobierno recurrió a la Corte Suprema de Justicia para revertir el caso a favor del Estado, ya que el Tribunal de Cuentas rechazó todas las acciones presentadas.
De acuerdo con los antecedente que dieron en la conferencia de prensa, en 2008 la citada Finca 2108 fue fraccionada para ser vendida a través de un contrato privado al MOPC y a pesar de que debía contar con una nueva nomenclatura catastral, mantiene el mismo número.
Además, dijeron que está pendiente la calificación registral, por la presunta irregularidad contenida entre el título y la ubicación de la tierra, lo que en 2008 motivó que el mismo MOPC rescindiera el contrato administrativo de compra venta y revocara la adjudicación.