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El magistrado remitió ayer la causa a la Fiscalía General del Estado, cuya titular es Sandra Quiñónez, para que se expida sobre la desestimación de una denuncia contra Jiménez Gaona.
Esta es la segunda oposición del juez, que impide de momento un blanqueo.
Según los antecedentes, el 30 de mayo pasado el fiscal de Delitos Económicos Nelson Ruiz solicitó la desestimación de la denuncia presentada por el ingeniero Hermann Pankow, proyectista de la obra ubicada en Aviadores del Chacho y Mdme. Lynch.
Pankow denunció en su momento cambios en su proyecto original que se traducían en una reducción de materiales a favor de la empresa española Isolux Corsán, que construyó la obra por G. 124.210 millones.
También, el denunciante alegó que las variaciones significaban un encarecimiento de la obra, en detrimento de la calidad.
El fiscal Ruiz utilizó prácticamente todos los elementos de descargo del ministro Ramón Jiménez Gaona y de los demás denunciados miembros del comité evaluador (Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión) para concluir que no hay lesión de confianza ni estafa.
Entre otras cosas, el fiscal justificó la exclusión de cinco empresas, de un total de seis oferentes en la licitación pública con el informe de evaluación técnica de las ofertas y el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC, que es parte interesada.
Asimismo, aseguró que las variaciones del proyecto original fueron revisadas por la empresa fiscalizadora de la obra (Consorcio Caser) y por profesionales del MOPC. “Los cambios efectuados por el contratista en aras de un mejorado proyecto ejecutivo han incrementado los costos del proyecto licitado en la suma de G. 822.300.875, monto asumido por la empresa contratista, considerando que la modalidad del contrato es a ‘suma alzada’. Es decir que el incremento del costo no será asumido por el MOPC”, dice el agente.
Sin embargo, el propio fiscal reconoce que, aunque la modalidad del contrato puede ocasionar perjuicios, también indica en su escrito que en ese caso se debe ejecutar la póliza del seguro contratado. “El dictamen pericial emana a partir del análisis documental con relación al precio global de la obra, incluyendo el convenio modificatorio (convenio entre partes), lo cual arrojaría un saldo a favor de la contratante de G. 4.110.453.039. La circunstancia de hallarse pendiente la recepción final de la obra y la posibilidad cierta de aplicación de la póliza vigente, entre otros aspectos, en consecuencia, no podemos inferir en estas condiciones de que se haya perfeccionado y exteriorizado el delito de lesión de confianza”, argumenta.
La obra y sus fallas
El superviaducto costó G. 124.210 millones y la obra estuvo a cargo de la firma española Isolux Corsán, investigada en su país por supuesta participación en un esquema de coimas para obtener contratos en varios países.
En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas, como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes de su estructura.
Según el ingeniero Hermann Pankow, denunciante, las irregularidades en la estructura se dan por ítems que se dejaron de hacer y que habrían supuesto “ahorros” por casi US$ 3 millones.