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“Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda a fin de ejercer mi derecho a réplica que me asiste, en relación a lo publicado por el señor Roque González Vera los días 7, 10 y 11 de mayo con ruego de su publicación in extenso, por más extenso que fuera.
Si bien manifesté que ya no ejercería mi derecho a réplica, tomé la decisión de seguir con tal, ya que evidentemente “este caso” se ha convertido en el “pan nuestro de cada día” y –tal vez– en el “aguinaldo por adelantado” de algún periodista.
Desacato de orden judicial por parte de Lea Giménez: Lo pernicioso y temerario de todo esto es que la ministra Lea Giménez no acató la orden judicial emanada de un juez en un juicio de ejecución de sentencia.
Lejos de cumplir con su responsabilidad, optó por guarecerse en el silencio y bajo el ropaje de “protectores” quienes –desde las sombras poderosas– dieron instrucción de no cumplir la orden judicial de depositar un dinero aprobado en el Presupuesto General de la Nación y resultante de un juicio de ejecución con sentencia firme y ejecutoriada, donde se allanó la contraparte.
Dinero que no le pertenece a ella y menos aún, le corresponde definir su destino.
¿Quién protege a la ministra? Averígüelo Vargas!
La ley es tan clara en materia de desacato.
Mientras el fiscal Nelson Ruiz se toma su tiempo, los “protectores” narran la historia de la tierra que para ellos no existe, de modo a instalar la campaña de descrédito, en aras de justificar lo injustificado. Y en ese afán recurrieron a Roque, o viceversa. Da igual.
Lo cierto es que, lejos de destacar el incumplimiento de una orden judicial, que debería ser imperativo en un Estado de derecho, pretende excusar de tal cumplimiento denostando contra mi familia y contra las decisiones de los jueces de la República del Paraguay que resolvieron conforme a derecho.
En uso de su espacio en el diario ABC Color, Roque González Vera se atreve a profanar la memoria de un difunto (publicación de fecha 12 de mayo de 2018) donde sin “lenguaje bucal”, sin conducta ética, trata de “caradura” a un difunto.
Es igual que ocurrió con el procurador de la República del Paraguay, Francisco Barriocanal, quien también demandó al difunto, y peor aún, le notificó de la demanda.
Esa es la prueba más que suficiente de que estos señores, en su afán de salvar a la ministra Lea Giménez, quien no cumplió la orden judicial, ni siquiera se percatan de quiénes son las partes.
Alegre y rimbombante, Roque González Vera se despacha contra Jaeggli y se atreve a nombrar al señor ya fallecido, con el adjetivo de “caradura”.
No diré quién es el señor fallecido, pues ya sus hijos abogados se encargarán de ejercer los derechos y acciones que corresponden ante tal atropello a su honorable memoria, como supongo hará lo propio su distinguida familia.
Sería bueno, señor director, que aleccione con su inmejorable experiencia a sus periodistas para que los mismos, en el afán de hacer su “campaña” se cercioren de los hechos y circunstancias.
Por otro lado, no sorprende la actitud de este señor, pero lo que sí nos asombra es que, en las páginas del diario ABC Color (de lectura obligatoria) muchas veces vemos arremeter fuertemente cuando la orden judicial no es acatada por “alguno” que se atreve a no cumplir.
Enormes titulares –en lo que va del tiempo– han sido denunciados por el diario cuando no se cumplía una orden judicial.
Sin embargo, para el caso de ejecución de sentencia de Jaeggli, resulta que les importa poco o nada que una ministra de Hacienda, Lea Giménez, cumpla su obligación.
La misma pasará a la historia por incumplir una orden judicial. Eso se llama desacato. Y ella lo sabe.
Prensa libre
La pluma excelsa constituye garantía inexcusable, bálsamo inclaudicable para los débiles y los justos, ante el poder indiscriminado y agobiante de los arbitrarios.
Pero un bolígrafo con tergiversaciones venenosas tienen la magnitud de un arma mortal.
4 millones de dólares. Cuarta instancia
“Miente, miente que algo quedará” (Goebbels).
Según Roque “la trama montada data del año 2001” dice que un “pelotón de jueces se suma a la intención de cobrar y llegar a la tierra prometida”, dice que “los jueces de nuestro país son baratos” (11 de mayo de 2018) y que la magistrada tiene un “vertiginoso apuro por dar cumplimiento... de que se cobre 4 millones de dólares”. Nombra con total desparpajo a escribanos, jueces y miembros de cámara y Corte a tutiplé.
Dice: “Miembros de la Corte ...pertenecen al PLRA igual que Alfredo Jaeggli padre (“Jaeggli tiene apoyo en la misma Corte”).
Repite en forma incansable y en espacios de gran porte que la suma es de 4 millones de dólares. Dice que “la sentencia Nro. 505 del año 2001 autoriza a mudar la tierra”, que “la tierra no aparece por ningún lado” que “el Indi no fue notificado!
Finalmente sentencia: “Si quiere cobrar, entregue la tierra”.
Señor director: Son muchos puntos contenidos en este menjunje de publicaciones del señor Roque, y en lo posible, conforme al derecho de réplica que nos asiste, trataremos de ordenar y enviaremos las cartas pertinentes en tiempo y forma.
Estamos ante una historia novelesca de contenido letal, una febril imaginación que consideramos debe ser profundamente analizada por especialistas del tema.
El señor Roque se considera una especie de cuarta instancia, pero ojo, desdeñando las sentencias firmes y ejecutoriadas de los órganos jurisdiccionales del país.
El profuso y confuso bolígrafo de Roque habla de trama montada en el 2018 “un multimillonario señor, de reconocida familia pudiente comenzó (según Roque) en el año 1941 a pergeñar la idea de tener 5 mil millones de guaraníes, para repartir a “un pelotón de jueces y llegar juntos a tierra prometida y esperó desde el año 2001 al 2008 (7 años) a que un correligionario asuma el ministerio. Pasaron 18 años y sigue la historia”.
No sabemos de dónde sacó Roque la información falsa de un juicio inexistente.
No hay juicio en estrados judiciales donde se pretenda cobrar 4 millones de dólares. Eso no existe.
La sentencia refiere a guaraníes incluidos dentro del presupuesto, no alcanza tal suma.
A todos nos gusta el dólar pero de allí a que Roque “dolarice” –per se– un juicio ya raya en lo inconsistente. Tampoco existe un juicio de obligación de hacer escritura pública. Eso también forma parte de su imaginación.
Y si le vamos a seguir la corriente, y nos creemos su historia que “desde hace 18 años hay un pelotón aguardando” sinceramente, no habría paciencia ni arcas de abasto.
O, a lo mejor, Roque se muestra gentil y nos presta su aguinaldo.
Transferencia de tierra. Indi. MOPC. Catastro. Geodesia En la publicación (es) referidas, Roque también pide título de propiedad porque dice que nunca lo vio.
Roque “ve” o imagina dólares pero no ve tierra ni título.
De los dólares imaginarios no podemos hacernos cargo, pero de la tierra y títulos, antes que nada, le pedimos disculpas y sentimos mucho, pues la verdad de las cosas jamás pensamos que –además de presentar nuestros títulos a las instituciones pertinentes con las que convenimos en el proceso– teníamos también el deber y obligación de mostrarle el título de propiedad a Roque González Vera.
A su costo y cargo, al señor Roque sugerimos que solicite informe de dominio en Registros Públicos, la tasa es mínima.
Allí va a obtener el informe registral finca 2108 del distrito de Itakyry, padrón 3146, anterior padrón 2375, año 2004, propietarios Alfredo Jaeggli, Esteban Serrati y Aníbal Gavilán, número de folio 52 y siguientes, año 2004, no ha sufrido modificaciones, no reconoce embargos ni gravámenes.
Verá que la superposición que “le preocupa” ya fue definida en juicios de común acuerdo con las partes.
Y que no existe una sola demanda de nulidad de título ni de particulares ni del Estado.
También in extenso podemos enviarle el expediente de mensura judicial avalado por el departamento de geodesia del MOPC, la participación del IBR, Catastro y su posterior inscripción.
Los impuestos pagados desde el año 2000 antes de la mensura con constancia de que la tierra pertenece al distrito de Itakyry.
En fin, creo que por economía de las páginas del diario, será mejor que Roque nos solicite por escrito, como cuarta instancia que se considera que es, o para seguir con sus historia de “tierra prometida” y si no queda conforme con eso, que siga con su imaginación.
A continuación adjuntamos:
1 – la nota del Indi de fecha 10 de setiembre de 2008 firmada por su presidenta Margarita Mbywangui demostrándose de esta manera que no es verdad lo que dijo Roque que el Indi no fue notificado.
2 – Telegrama colasionado a Efraín Alegre donde se le informa el cumplimiento de nuestra parte.
3 – Certificado de catastro número 16768 donde consta la nomenclatura catastral otorgada sin observación por el SNC firmado por el jefe de empadronamiento rural, Lic. Nelson Alonso, y el funcionario Nelson Romero, 15 de junio de 2001.
4 – Dictamen jurídico 45/2008 de fecha 11 de agosto y el dictamen 1408/2007 del MOPC al concluir el proceso”.
Firma: Alfredo Jaeggli (h)