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Se trata de la resolución del Directorio Ejecutivo N° 338/13 del 5 de diciembre de 2013, por la cual autoriza la “contribución voluntaria” para adquisición de Certificados de Servicios Ambientales de la empresa Aceros del Paraguay SA (Acepar), en el marco de la Política de Responsabilidad Ambiental de la Itaipú.
Para justificar la operación se solicitó el dictamen jurídico de una abogada externa de la entidad, la consultora Lorena Balbuena, especializada en Derecho del Ambiente, que concluyó la viabilidad jurídica para la adquisición en las condiciones señaladas por la Secretaría del Ambiente (Seam).
En los considerandos de la mencionada resolución se lee que los directores generales de ambas márgenes, James Spalding y Jorge Samek, así como los directores jurídicos y de coordinación, respectivamente, expusieron sobre “la importancia, oportunidad y conveniencia de adquirir Certificados de Servicios Ambientales”.
La transacción fue realizada según lo dispuesto en la Ley 3001/06 de Valoración y retribución de los servicios ambientales, vigente hace siete años. Los certificados de servicios ambientales son como bonos que recibe el propietario de un bosque, pastizal o humedal, que certificó en la Seam. Estas legitimaciones se dan de acuerdo con valoraciones establecidas.
En este caso, la Seam argumentó la necesidad de paliar el impacto por la construcción de la Línea de 500 kV y la Subestación de Villa Hayes.
Sin embargo, fuentes de la entidad señalan que se trató de una maniobra para capitalizar a la acería estatal, que estaba en quiebra, puesto que la binacional tiene suficientes excedentes ambientales; además, a su cargo estuvo solo la administración del proyecto.
Para conocer la versión de la entidad, conversamos con el Ing. Pedro Domaniczky, director de Coordinación, quien explicó que, si bien Itaipú posee suficientes activos ambientales, la intención es motivar y promover el mercado de valores ambientales.
Explicó que se optó por adquirir de Acepar porque era una empresa del Estado.