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Consejeros priorizan el plan, en vez de lanzar el del Ingavi.El ex director de la Clínica 12 de Junio del Instituto de Previsión Social, Dr. Alexis Gallagher, había presentado a las autoridades del ente un proyecto para la creación del "Parque del Bicentenario". El proyecto tuvo el apoyo del intendente Roberto Cárdenas de Lambaré, el Ministerio del Deporte y entidades no gubernamentales.
Cárdenas, quien ganó las internas de la ANR para intentar el "rekutu", le dio gran impulso al proyecto porque estaba en marcha el plan de tomar de la jurisdicción de Asunción un área que abarca el cerro Lambaré y la Clínica 12 de Junio, sito en Gral. Santos casi Félix Bogado. El proyecto del Parque Bicentenario terminó en el "oparei" cuando el Parlamento Nacional aceptó el veto del Poder Ejecutivo de la ley de despojo (abril de 2009).
El abogado Jorge Giucich, titular del IPS, con el apoyo del consejo, pretende ahora destruir casi completamente el área arbolada de la clínica, pues debe abrir espacio para la construcción de edificios tanto para pacientes ambulatorios como para internados. Además, tendrá un amplio estacionamiento de rodados en el sector que linda sobre la avenida Gral. Santos (ver foto aérea de la clínica y del valioso parque).
Denuncia de Capaco
Este es apenas la punta del témpano del proyecto de ampliación de la clínica, que en su primera etapa será solo para cubrir la demanda de los pacientes ambulatorios (que realizan consultas y luego se retiran a sus casas).
El IPS previó invertir más de G. 39.000 millones, pero al final la menor oferta es de G. 29.600 millones. Esta es la propuesta económica del consorcio Paz del Chaco, cuyo representante es el Ing. Carlos Muñoz.
La segunda etapa del plan es la construcción del área para internación de unos 300 pacientes, según el Ing. Juan Acuña, titular de Infraestructura del IPS. La Cámara Paraguaya de la Construcción denunció a la Dirección de Contrataciones Públicas una posible "maniobra" para favorecer a algunos oferentes.
Proyecto sin definición
La denuncia de la Capaco está siendo aún procesada en Contrataciones Públicas.
El gremio solicitó al IPS anular la licitación cuyos sobres ofertas se conocieron el 7 de julio. El Instituto utilizó el método de licitación por el llamado "ajuste alzado relativo", lo que significa que la contratante pagará a la constructora lo que figura en la planilla de la oferta (por un monto global) y no lo que efectivamente se construirá.
La Capaco está en contra de este sistema porque dice que el IPS posibilita actos de corrupción porque no todos los oferentes tenían la misma información vital del plano y estudios técnicos. El gremio solicita al ente adoptar para la licitación según un plan ejecutivo detallado, pues la definición de la obra queda en manos del oferente.
IPS defiende sistema
Juan Acuña reconoció que el IPS no tiene todavía permiso ambiental, pero señaló que el problema deberá resolver la empresa adjudicada, según dispone el pliego de bases y condiciones.
Giucich remitió a Capaco una nota para contestar la denuncia que hizo ante IPS y Contrataciones. Aclaró a este gremio que "los planos estructurales presentados en la documentación tienen carácter de predimensionados, por lo que queda a cargo de la Contratista la realización de todos los cálculos estructurales, debiendo respetarse el diseño estructural".
Giucich defendió el ajuste alzado. Precisó que con otro método las empresas no se interiorizan de las especificaciones técnicas, lo cual crea problema durante la ejecución de la obra.
Cárdenas, quien ganó las internas de la ANR para intentar el "rekutu", le dio gran impulso al proyecto porque estaba en marcha el plan de tomar de la jurisdicción de Asunción un área que abarca el cerro Lambaré y la Clínica 12 de Junio, sito en Gral. Santos casi Félix Bogado. El proyecto del Parque Bicentenario terminó en el "oparei" cuando el Parlamento Nacional aceptó el veto del Poder Ejecutivo de la ley de despojo (abril de 2009).
El abogado Jorge Giucich, titular del IPS, con el apoyo del consejo, pretende ahora destruir casi completamente el área arbolada de la clínica, pues debe abrir espacio para la construcción de edificios tanto para pacientes ambulatorios como para internados. Además, tendrá un amplio estacionamiento de rodados en el sector que linda sobre la avenida Gral. Santos (ver foto aérea de la clínica y del valioso parque).
Denuncia de Capaco
Este es apenas la punta del témpano del proyecto de ampliación de la clínica, que en su primera etapa será solo para cubrir la demanda de los pacientes ambulatorios (que realizan consultas y luego se retiran a sus casas).
El IPS previó invertir más de G. 39.000 millones, pero al final la menor oferta es de G. 29.600 millones. Esta es la propuesta económica del consorcio Paz del Chaco, cuyo representante es el Ing. Carlos Muñoz.
La segunda etapa del plan es la construcción del área para internación de unos 300 pacientes, según el Ing. Juan Acuña, titular de Infraestructura del IPS. La Cámara Paraguaya de la Construcción denunció a la Dirección de Contrataciones Públicas una posible "maniobra" para favorecer a algunos oferentes.
Proyecto sin definición
La denuncia de la Capaco está siendo aún procesada en Contrataciones Públicas.
El gremio solicitó al IPS anular la licitación cuyos sobres ofertas se conocieron el 7 de julio. El Instituto utilizó el método de licitación por el llamado "ajuste alzado relativo", lo que significa que la contratante pagará a la constructora lo que figura en la planilla de la oferta (por un monto global) y no lo que efectivamente se construirá.
La Capaco está en contra de este sistema porque dice que el IPS posibilita actos de corrupción porque no todos los oferentes tenían la misma información vital del plano y estudios técnicos. El gremio solicita al ente adoptar para la licitación según un plan ejecutivo detallado, pues la definición de la obra queda en manos del oferente.
IPS defiende sistema
Juan Acuña reconoció que el IPS no tiene todavía permiso ambiental, pero señaló que el problema deberá resolver la empresa adjudicada, según dispone el pliego de bases y condiciones.
Giucich remitió a Capaco una nota para contestar la denuncia que hizo ante IPS y Contrataciones. Aclaró a este gremio que "los planos estructurales presentados en la documentación tienen carácter de predimensionados, por lo que queda a cargo de la Contratista la realización de todos los cálculos estructurales, debiendo respetarse el diseño estructural".
Giucich defendió el ajuste alzado. Precisó que con otro método las empresas no se interiorizan de las especificaciones técnicas, lo cual crea problema durante la ejecución de la obra.