Jorge Guerreño Pino es ahora pieza clave en la investigación que inició la fiscala María Teresa Aguirre sobre el supuesto pago de una coima de 6,7 millones de dólares por la sanción y promulgación de la ley que obliga al estado a pagar 45 millones de dólares por las tierras expropiadas de la firma Cipasa de Roberto Antebi.

De acuerdo con los datos que maneja la agente fiscal, en fechas que coinciden con decisiones claves del Legislativo y el Ejecutivo en relación con la polémica ley, Guerreño Pino suscribió contratos con Isabel viuda de Antebi, propietaria original de las tierras expropiadas de Cipasa.
Una versión no confirmada aún oficialmente (la fiscalía busca probarla) dice que los contratos fueron de reconocimiento de deuda por parte de la firma Cipasa a favor de Guerreño Pino.
El primer contrato se suscribió el 16 de julio pasado, supuestamente por cinco millones de dólares. De acuerdo con esta versión, el documento deja constancia de que Cipasa entregará esa suma a Guerreño Pino, siempre que se promulgue la ley de bonos y el Estado honre la deuda generada a partir de la expropiación.
Al día siguiente de la confección del contrato privado, el Senado sancionó la ley.

Hay un segundo contrato que sustituyó al primero. Fue elaborado el 24 de julio. El Ministerio Público investiga en este caso la supuesta asunción de una deuda mayor, de 6,7 millones de dólares, siempre de Cipasa a favor de Guerreño Pino.

La fecha es por demás sugestiva, ya que hasta ese día el presidente Luis González Macchi estaba decidido a vetar la ley de los bonos. Incluso hay un fax que le fue remitido esa misma mañana por el ministro de Hacienda, Alcides Jiménez, en el que le presentó un borrador del decreto del veto. Posteriormente a este contrato, el mandatario cambió de opinión y decidió dejar que la ley tuviera promulgación automática.


SUMARIO

De comprobarse la existencia de los contratos en los que Cipasa asume una supuesta deuda con Guerreño Pino, se estaría ante una semiprueba de la coima.
Ocurre que Guerreño Pino no tiene posibilidad alguna de ser acreedor de semejantes sumas de dinero. Es apenas un funcionario de la Cámara de Diputados, con un salario inferior a los dos millones de guaraníes. Vive en un modesto chalet, en el segundo barrio Bella Vista de Luque.

Ayer Benjamín Maciel Pasotti, presidente de Diputados, confirmó que Guerreño es funcionario de esta cámara. Dijo que fue contratado bajo la administración de Oscar González Daher cuando este presidía la cámara (hoy es senador). De hecho, explicó que el funcionario era una suerte de secretario de González Daher. Fue trasladado de presidencia en junio pasado.


GONZÁLEZ DAHER

La vinculación con González Daher resulta llamativa, ya que el otrora diputado y ahora senador aparece varias veces jugando un rol importante durante el tratamiento de la ley de los bonos. El proyecto le fue presentado por los diputados Waldemar Zárate (liberal) y Germán Gneiting (colorado) cuando él presidía la cámara. El primer dictamen favorable lo recibió el proyecto de una comisión que encabezaba González Daher.

Cuando González Macchi cambió de opinión sobre la ley -inicialmente estaba decidido a vetarla- se encontraba reunido con González Daher, según explicó el ministro Alcides Jiménez.


AUDIENCIAS

Por de pronto, la fiscala llama a indagatoria a la escribana responsable de los contratos Agustina Mendoza Benítez para el 18 de este mes, a Guerreño Pino para el 19 y a Isabel viuda de Antebi para el 22.