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Miércoles 20 de febrero fue la fecha establecida para la presentación de Sergio Escobar ante el juez Rubén Riquelme.
Ese día, el entonces fiscal ambiental José Luis Casaccia debía presentar acusación contra el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar).
El titular del ente petrolero fue imputado por la fiscalía ambiental por supuesta responsabilidad en los delitos de “hecho punible de procesamiento ilícito de desechos e ingresos de sustancias nocivas en el territorio nacional”.
José Luis Casaccia inició una investigación en torno a la comercialización de combustible con un alto contenido de azufre, altamente contaminante para el medio ambiente y cancerígeno para los humanos.
El fiscal Casaccia pudo confirmar en su investigación que el mismo Sergio Escobar autorizó la descarga de gasoíl cancerígeno para su comercialización a través de estaciones de servicio.
La maniobra ilícita tuvo lugar en el mes de abril. Un documento interno de Petropar, firmado por el gerente general Gerardo von Glasenapp, expresaba: “Por instrucciones del señor presidente don Sergio Escobar, esta gerencia general autoriza descargar la barcaza NCT 08 con gasoíl (azufre fuera de rango) a un tanque segregado)”.
El gasoíl fuera de rango del cuál habló el mismo gerente general de Petropar era un combustible con 6.210 partes por millón de azufre.
El Ministerio de Industria y Comercio estableció un límite de 2.500 partes por millón de azufre y Petropar entregó a las distribuidoras un gasoíl cancerígeno que contenía nada menos que 6.210 partes por millón.
Castigo para el fiscal
El fiscal José Luis Casaccia no detuvo su investigación, al contrario se tenía fecha fijada para sostener la imputación ante el juzgado penal.
La acusación habría tenido como resultado la destitución de Sergio Escobar del ente petrolero estatal.
La administración de Ferderico Franco sostiene contra viento y marea a Sergio Escobar, a pesar de la documentación que comprueba la comercialización de un combustible basura en perjuicio de la ciudadanía.
¿De donde salió el gasoíl? ¿Cuanto se pago? ¿Se pagó por combustible basura como si fuera gasoíl de primera?
En los puertos de Buenos Aires se puede conseguir cualquier tipo de combustible: aparecen ofertas que no cumplen rangos adecuados, pero que cuestan 80 por ciento menos que aquellos de buena calidad.
Una barcaza con combustible basura puede generar millonarias ganancias si llega a pagarse como si fuera gasoíl de primera calidad.
¿Se puede pensar que los directivos de Petropar estarían envueltos en este tipo de maniobras?
La explicación de Sergio Escobar en aquel momento fue la siguiente: se compró combustible de bajo costo para luego mezclar con gasoíl de buena calidad, de este modo se pudo tener un promedio dentro de los rangos establecidos por el MIC.
Si existieran los documentos que puedan avalar este argumento, Sergio Escobar no debería tener inconvenientes en presentarse ante un juzgado para demostrar que no tiene ninguna responsabilidad en actos dolosos.
En cambio, la Fiscalía General del Estado tomó la decisión de apartar al agente José Luis Casaccia para evitar de este modo que pudiera continuar la investigación contra Sergio Escobar.
Se castigo al agente del Ministerio Público por cumplir su trabajo.
Pedido de prórroga
En reemplazo de José Luis Casaccia, enviado a la fiscalía de Capiatá para investigar robos de gallinas, fue designada la fiscala Sara Torres.
La primera acción de Sara Torres en el caso fue solicitar una prórroga de seis meses en la investigación que afecta a Sergio Escobar; en seis meses más, una nueva administración gubernamental tomará las riendas y nadie recordará al que introdujo gasoíl cancerígeno.
Si la carpeta fiscal preparada por Casaccia estaba lista para su presentación ante el juez Rubén Riquelme, ¿por qué se suspendió la investigación y se pidió una prórroga?
Es posible que una cantidad inusitada de dinero esté corriendo en manos del Gobierno, después de todo se necesita “combustible” para las próximas elecciones.
Congreso pide explicaciones
La Comisión Permanente del Congreso aprobó ayer por unanimidad un pedido de informe al Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) sobre la venta de combustibles adulterados en las estaciones de servicio.
La nota, que fue presentada por el diputado José López (UNACE), debe ser respondida en un plazo máximo de 15 días.