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La cartera aclaró que la inversión social es una clasificación del gasto público que permite contabilizar la cantidad de recursos financieros que el Estado destina a la provisión de bienes y servicios en distintos sectores sociales, principalmente en educación, salud, protección social y vivienda.
El gasto social público incluye además la financiación de diversos programas sociales o transferencias monetarias condicionadas establecidas por el Gobierno y que están orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que tiene ciertas necesidades aún no satisfechas.
Si bien el flujo de inversión social se mantuvo en promedio en el orden del 54% durante los últimos años, al octavo mes del 2018 esta participación aumentó unos puntos, cerrando en 56%, según los datos.
En tanto que el 44% restante se distribuyó entre los demás sectores de la clasificación funcional del gasto público (administración gubernamental, seguridad, sector económico, deuda pública y regulación y control).
De acuerdo con el reporte del fisco, la inversión social pública es financiada en un 66% con recursos del Tesoro Público (originados principalmente en la recaudación de impuestos), en tanto que el 33% fue cubierto con recursos institucionales y el 1% restante con recursos del Crédito Público.
Más en educación
Del total destinado a inversión social del Estado, el 34% se enfocó a necesidades en el área de Educación por G. 4,5 billones, que representa 14% más en relación a lo invertido durante el mismo periodo del año 2017.
Por otra parte, para el área de promoción y acción social se destinaron más de G. 3,3 billones, cifra que implicó un aumento del 3% con respecto al año 2017, lo que en términos nominales representa más de G. 98.000 millones de incremento.
En el sector de salud, la inversión fue de G. 2,7 billones, que representó el 20% del total de recursos destinados al área social.