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El 25 de abril último, don Romero fue a realizar sus compras habituales en el supermercado El Pueblo y pudo verificar que “la carne envasada despedía un fuerte olor y tenía color verdoso”.
Se fijó que, “de tan viejo que era el producto, el ticket estaba ilegible”, por lo que llevó el producto hasta la carnicería para que vuelvan a pesarlo y colocarle un nuevo precio. “Yo compré la carne para tener el ‘cuerpo del delito’ y poder realizar mi denuncia”, explicó.
Comentó que tras adquirir la carne, inició su agotador recorrido, buscando apoyo en las instituciones del Estado, las que supuestamente se encargan de velar por los compradores.
Empezó en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para presentar su caso ante Defensa del Consumidor; pero en la cartera le informaron que esa dependencia ya no forma parte del MIC, sino que ahora es una secretaría con rango ministerial, es decir, una institución autónoma.
Entonces, se fue hasta la sede de la Secretaría de Defensa del Consumidor y Usuario (Sedeco), ubicada al lado de la Municipalidad de Asunción, pero cuando le atendieron en este lugar le dijeron que solo pueden aplicar “sanciones administrativas” y no la multa que Romero estaba buscando. “Hasta ahora no se qué quieren decir con sanción administrativa, pero lo que yo quiero es que le impongan una multa, no que saquen los productos de la vitrina y que termine todo allí. Tampoco busco que me paguen nada. Yo no quiero ni un peso; pero sí que le multen y donen ese dinero a alguna entidad de beneficencia”, señaló.
Se pasan la pelota
Los funcionarios de Sedeco no tuvieron mejor idea que pasar la pelota al Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), entonces le dijeron que al tratarse de un producto alimenticio, esta era la institución competente.
Con la esperanza de que supervisores o técnicos del INAN intervengan el supermercado en cuestión y verifiquen en el lugar de los hechos lo denunciado, don Romero se dirigió a esta institución estatal, la tercera en su mañana, cargado ya de “impotencia y desilusión”.
En el INAN recibió un formulario para que quede constancia escrita del caso. También recibieron el comprobante de venta, N° 003-006-0008096; pero fue la respuesta que recibió la que desalentó definitivamente a nuestro denunciante. Le dijeron que recién la semana siguiente podrían inspeccionar el “súper”. “Una semana después, cuando tranquilamente se puede infiltrar el dato. El tiempo suficiente para saquen de circulación la carne en mal estado”, acotó.
“Sinceramente siento impotencia, porque los organismos que deberían encargarse de velar por los ciudadanos no toman en serio estos casos, que ponen en riesgo la salud de las personas. Para mí, esto es prioridad y en el momento de la denuncia debían actuar los inspectores. Deberían obviar la burocracia”, agregó.
Don Romero explicó que pudo hacer todo ese recorrido gracias a que fue trasladado por un periodista de la Radio Viva FM Trinidad, quien lo llevó en su vehículo y, a la vez, actuó de testigo. “Si tenía que hacer todo ese recorrido en colectivo, no iba a poder. Encima, en cada institución fui encontrando una excusa para no hacer nada. Me sentí molesto, pero a la vez impotente y desilusionado”, reconoció.