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Doutreleau manifestó que todas las partes (Aduanas y la AIDA) contestaron la medida cautelar y ahora la magistrada se prepara para sacar la sentencia, totalmente contrapuesta al amparo constitucional emitido por el juez penal de garantías Rubén Gustavo Ayala Brun, quien el 1 de noviembre pasado hizo lugar a una acción de amparo constitucional, promovida por varias industrias domisanitarias de nuestro país y la asociación, para que la Dirección Nacional de Aduanas aplique en forma irrestricta la ley.
El industrial manifestó que la jueza no ha recibido al asesor legal del gremio, “porque evidentemente ha quedado con la idea fija de que debe obligar a la Aduana a incumplir la ley, cuya sanción y promulgación llevaron años de esfuerzo y lucha por parte de los industriales domisanitarios paraguayos, que han buscado proteger el medioambiente acuático del Paraguay de la acción del tripolifosfato de sodio que contienen los jabones importados y que van a parar al lago Ypacaraí, que hoy está destruido”.
“Que sepa ella (la jueza Coronel) que si sale en contra de Aduanas, nosotros le denunciaremos ante el Jurado, porque es una medida que va en contra de una resolución judicial que simplemente exige la aplicación irrestricta de la Ley 4397/11 y su reglamento, que exige que los importadores certifiquen que sus productos no contienen tripolifosfato”, advirtió Doutreleau.
En diciembre último, el gremio de firmas importadoras de domisanitarios y la propia Unilever presentaron una acción de inconstitucionalidad contra dicha sentencia, rechazada por la Corte, bajo el argumento de que no se advierte arbitrariedad (en la sentencia del juez Ayala Brun), que solo procede en los supuestos en que resulta manifiesto el apartamiento de la solución legal prevista para el caso, o cuando el fallo está desprovisto por completo de fundamentación”.