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El presidente de la Cámara de la Industria Naval (Cinaval), Guillermo Ehreke, admitió que los aranceles, por su naturaleza, no son recuperables, pero el IVA, impuesto que se supone debiera ser neutro para los actores intermedios de la cadena, nunca puede ser recuperado por el armador, debido a que su facturación está exenta de dicho impuesto. Advirtió que no ocurre lo mismo con la importación de embarcaciones terminadas de extrazona.
Sobre el punto, dijo que el uso de la “bandera provisoria” debe ser “totalmente erradicado en nuestro país”, ya que supone el no pago de impuestos de nacionalización. “De otra manera, la construcción naval no puede tener futuro, debido a que en el proceso no existe un solo impuesto que no sea abonado por adelantado. Estas son algunas de las distorsiones en la política de Estado. No son, en realidad, las únicas que existen como tarea pendiente”, destacó.
Comentó asimismo que el manejo político, institucional, reglamentario, de cumplimiento, etc., de la legislación fluviomarítima corresponde en nuestro país a la Dirección General de Marina Mercante (DGMM) y la Prefectura General Naval (PGN).
Acotó que la primera es la encargada de la política de Estado en materia de logística fluvial y está, sin embargo –a más de tres años de la instalación del actual Gobierno–, en una situación de “total abandono”, sin recursos económicos, humanos y tecnológicos para cumplir con su cometido.
Esfuerzos aislados sin resultados
Afirmó que los esfuerzos aislados no han producido los resultados esperados, a causa de la precariedad de los medios con que cuenta. “Un simple ejemplo de esto es la falta de implementación del reglamento de inspección de embarcaciones, a fin de garantizar el (buen) estado de todo el material naval nacional, que ya lleva dos años de retraso”, aseveró.
En relación a la Prefectura, Ehreke expresó que “tiene el pecado mortal” de ser una institución de paso para los oficiales en su carrera de ascensos, lo que impide la generación de una “memoria institucional” y, sobre todo, impide el establecimiento de controles apropiados a la complejidad de su función, cual es la seguridad en la navegación y el combate a los ilícitos en el río. “Existe, por ejemplo, un gran número de pequeñas embarcaciones no registradas, que solo navegan de noche, usadas exclusivamente para actividades ilícitas y que no son fiscalizadas ni, mucho menos, erradicadas”, apuntó.
El empresario manifestó que en Paraguay no se están solicitando subsidios, solamente hace falta una política de Estado y, en especial, equilibrio fiscal en el tratamiento de la construcción naval con respecto a las importaciones. “No nos engañemos: importar embarcaciones no es invertir en el país. Invertir en el país es ocupar mano de obra nacional para construir las embarcaciones que el país necesita”, subrayó finalmente el industrial astillero.