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Lejos de los grupos indigenistas de saco y corbata que desfilan en Asunción, en la Reserva San Rafael, ubicada entre los departamentos de Itapúa y Caazapá, a unos 450 kilómetros de la capital, viven 15 comunidades indígenas. Las mismas, a la vez, poseen alrededor de 15.000 hectáreas que les fueron entregadas como parte del programa de la formación de la reserva en 1992.
Bajo carpas y en condiciones mínimas de salubridad e higiene, los indígenas viven en el lugar y van desmontando cada vez más los bosques para alquilar sus tierras para el cultivo de soja o maíz, actividad prohibida por la normativa que les permite estar en la reserva. Sin embargo, cumplir las leyes ambientales es lo que menos se hace en estas 73.000 hectáreas de fauna, flora, pobreza e impunidad.
Lucio Martínez es el cacique de una de las comunidades, de la parcialidad Mbya Guarani, que vive en la zona, y recibió al equipo de ABC Color cuando estaba haciendo su recorrido de la tarde, buscando algo que rescatar para llevar a su casa. Machete en mano y con los pies descalzos, Lucio Martínez dijo que estaba consciente de que el alquiler de sus tierras no obedece ni a las tradiciones ancestrales que tienen ni a sus costumbres y que va en contra de la ley, pero añadió que el hambre no sabe de obligaciones legales o morales. “No tenemos otra que alquilar nuestras tierras”, dijo Martínez.
En la comunidad de Martínez conviven 11 familias, que ya llevan deforestadas, en apenas dos años, cerca de 80 hectáreas.
Martínez confirmó que alquilan sus parcelas a empresarios sojeros paraguayos, que pagan entre G. 1.500.000 y G. 2.000.000 (320 a 360 dólares) la hectárea por un año. Los niños no van a la escuela y la comunidad carece de agua potable y de energía eléctrica. “Comemos lo que podemos y cuando podemos”, explica Martínez, en medio de cuatro hectáreas recién deforestadas que alquilarán a empresarios de la soja. Dijo que no recordaba el nombre de las personas que les pagan por el alquiler de sus tierras.
Sin embargo, el líder indígena recordó rápidamente que la última visita del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) a la zona fue hace unos cinco años. Aseguró además que anteriormente les traían víveres, principalmente de parte de la Secretaría de Emergencia, pero que esa ayuda en los últimos tiempos dejó de llegar.
El Proyecto de la Reserva -que apunta a ser un parque nacional- reconoce y respeta la cultura indígena. En tal sentido les concede como habitantes ancestrales de esas tierras el derecho a vivir en la reserva, preservando sus costumbres.
Pero, para los indígenas, cada día es más difícil vivir de la caza y de la pesca, mientras que alquilar esas tierras para el cultivo de soja se vuelve más apetecible por el pago. Incluso se menciona que las están usando para plantar marihuana, pero con las comunidades que están dentro de San Rafael eso no ocurre.
En la Reserva Mbaracayú, departamento de Canindeyú -que también forma parte del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP)-, esta misma situación se presenta, pero con las comunidades indígenas que viven en la zona de amortiguamiento de la misma. Es decir, en los alrededores. Las tierras de las comunidades indígenas que están en los alrededores de Mbaracayú, que antes eran bosques, hoy se convirtieron en enormes sojales.
abenitez@abc.com.py Foto: Roberto Zarza