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El presidente del Indert, Justo Cárdenas, conversó este fin de semana con nuestro diario sobre los G. 30.000 millones que el ente está a punto de pagar a la empresa Cipasa por las 224.000 Ha de Antebi Cue (entre Concepción y Amambay), que se suman a los G. 13.500 millones que su administración ya había pagado en el 2015, con fondos provenientes de los bonos soberanos. Todo esto, en concepto de “intereses” que serían irregulares, adicionales al valor de las tierras, de unos G. 215.970 millones, fijado por vía judicial.
Cárdenas citó el Art. 9 de aquella ley de expropiación (N° 517/95, que establecía: “El Instituto de Bienestar Rural (hoy Indert) abonará al propietario del inmueble expropiado, en concepto de indemnización, la suma de G. 50.000 por hectárea, en cuotas anuales iguales, en un plazo de diez años con un interés anual sobre saldos deudores equivalente al índice de inflación establecido por el Banco Central”.
Sin embargo, y según añadió también el titular del ente agrario, la firma Cipasa recurrió a la Justicia para justipreciar esas tierras y fue así que se llegó a la fijación de pago en diez cuotas de G. 21.597 millones, según sentencia definitiva N° 368 del año 2000.
Precisamente, dicha sentencia actualiza el valor total de la propiedad y ya no menciona el pago de los intereses, razón por la cual cuando Cipasa comenzó hace algunos años con su reclamo al ente agrario por mayores pagos, surgieron cuestionamientos del Parlamento, que hasta dijeron que sería “inmoral” desembolsar más recursos. Sobre todo, considerando que de la expropiación total de 224.000 Ha, solo 42.945 Ha. se destinaron a colonias campesinas; 103.018 Ha. fueron declaradas reserva natural y 79.096 Ha. son explotadas por ganaderos y otros ocupantes irregulares.
Nuestro diario investigó y demostró estas ocupaciones irregulares a lo largo de los años, que incluso incluye a supuestos narcotraficantes (ver infografía).
Para el exprocurador Roberto Moreno, una cosa es la expropiación y otra lo que el Estado hizo o permitió que se haga con las tierras. En entrevista telefónica con ABC, explicó que el Indert consultó hace un par de años si correspondía abonar intereses a Cipasa y la Procuraduría respondió a través de un dictamen que sí, basándose en aquel Art. 9 de la ley de expropiación.
“Se contestó que el pago estaba en la ley y que no había mucho qué hacer. El pago podría ser al contado o financiado y la ley estableció que era financiado, entonces necesariamente esas cuotas generan intereses”, señaló.
No obstante, acotó que la decisión de pagar o no es exclusiva responsabilidad del Indert, que es un ente autónomo. “Es más, le aclaramos que el dictamen no es vinculante”, puntualizó.