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Al principio se dijo que sería un simple censo, es decir, solo el levantamiento de datos demográficos en cada una de las 1.140 colonias con que cuenta el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Pero luego se amplió el proyecto a un trabajo técnico más profundo con el georreferenciamiento topográfico de cada uno de los 223.000 lotes que posee el ente agrario y con esto, el Indert tendría las herramientas necesarias para otorgar a 120.000 ocupantes de lotes el ansiado “título de propiedad” a través de un Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra.
De paso, también se tenía que realizar un levantamiento completo de datos de cada una de las colonias a fin de identificar las necesidades puntuales de los asentamientos del Indert, a través del Diagnóstico de Colonias, lo que a su vez serviría para planificar el desarrollo social de los mismos.
A pesar de que hubo detractores al principio, como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que advertían sobre el manejo de los fondos, porque de poco más de un millón de dólares se pasó a más de 4 millones de dólares el presupuesto asignado para este proyecto, el programa continuó y con mucha expectativa arrancó en febrero de este año en la colonia Cororõ’i, en el departamento de San Pedro.
La administración del proyecto fue encargado totalmente y en forma directa, sin licitación o concurso alguno, a la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo), a cargo del Lic. Hugo Pereira, presidente de la ONG, aunque también se puso al frente del proyecto como coordinador general al Ing. Arnaldo Barrios, un funcionario del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que fue comisionado al Indert exclusivamente para este proyecto.
Y apenas inició el proyecto comenzaron las dudas. Los habitantes de Cororõ’i se quejaron de la lentitud del censo rural. Posteriormente salieron los primeros datos obtenidos por el censo en la citada colonia, pero comenzaron las versiones de que el levantamiento de datos no terminaría con las metas trazadas.
Seguidamente ya comenzaron las denuncias de irregularidades administrativas y de mal manejo de los fondos otorgados. La Adepo rechazó una auditoría del Indert y este, a través de su presidente interino, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, resolvió rescindir el contrato con la ONG.
Luego vino el “fuego cruzado” entre ambas instituciones, con acusaciones mutuas de malversación, pedidos de coimas, etc.
Así las cosas, lo cierto y lo concreto es que ya gastaron G. 7.500 millones y no se sabe hasta ahora cuáles fueron los resultados y, lo que es peor, cómo va a continuar el proyecto, ya que el Indert anuncia que lo va a encarar solo con sus funcionarios con el remanente de G. 11.000 millones ya presupuestados, con una serie de incógnitas:
¿Cómo piensan terminar el censo con los mismos funcionarios que estaban trabajando en ella?
¿Quién garantiza el manejo transparente de esos G. 11.000 millones administrados por el Indert? ¿Quién asegurará que los datos obtenidos dentro del Indert sean fidedignos?
El censo rural es más que necesario para el desarrollo de los sectores campesinos del país, pero debería ser replanteado ya por el nuevo gobierno de Horacio Cartes.