Indert sigue sin explicar millonario pago indebido

En lugar de explicar por qué pagó G. 2.674 millones por un inmueble embargado y con otras restricciones judiciales, el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, se limita a decir que nuestro diario realiza una “perversa campaña” en su contra.

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Cárdenas no ha aceptado entrevistarse con ABC para responder cuestionamientos sobre el millonario desembolso que él autorizó en febrero de 2014 y que pone en riesgo el patrimonio de la institución, porque pagó por tierras con prohibición de contratar y que además están embargadas. Se trata de la finca N° 2857 de Alto Verá (Itapúa), expropiada en el año 2010 y que hasta hoy figura a nombre de la señora Lilia Oddone Vda. de Céspedes, pues las restricciones impiden que se la transfiera al ente rural.

Al respecto, el titular del instituto agrario señaló en su cuenta de Twitter: “Es tan burda y grosera la campaña de ABC que hoy habla sobre la posibilidad de llevar a remate tierras expropiadas.

Desinformación total. No se pueden rematar tierras expropiadas porque los derechos de terceros solo se resolverán sobre el importe de la indemnización”.

Precisamente, el riesgo para el patrimonio del Indert se da por el hecho de que el embargo puede derivar en un cambio del titular de los derechos de indemnización, y en ese caso, el Estado deberá pagar la indemnización al nuevo dueño y se comprobaría la premisa de que “quien paga mal, paga dos veces”.

La “perversa campaña”

“No puedo comprender cómo ABC puede plantear la posibilidad de remate de un inmueble expropiado. Evidencia su perversa campaña contra Indert. Ojalá alguien de ABC pueda leer el artículo 100 del Estatuto Agrario y nos salve de tamaña desinformación o ignorancia”, añadió Cárdenas.

Empero, el citado artículo del Estatuto Agrario no prohíbe expresamente la aplicación de medidas cautelares, según argumentó por su parte el abogado Rubén Paredes, quien promovió el embargo de las tierras en cuestión por honorarios impagos que le adeuda la señora Lidia Oddone. “No hay ninguna prohibición legal y tampoco en el código procesal civil”, acotó.

De acuerdo con los datos, el principal cuestionamiento en este caso es que Cárdenas pagó una millonaria suma, equivalente al 50% de la indemnización fijada por la finca N° 2857, existiendo medidas cautelares vigentes y a pesar de que se le advirtió en al menos cinco notas sobre la situación de las tierras. El dinero no fue recibido por Oddone, una señora de 99 años que vive hoy en Argentina, sino que lo hizo en su representación la abogada Mariela Rivarola, exconsejera de Yacyretá y expareja sentimental del condenado por narcotráfico Damián Delvalle Sanabria.

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