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“La actual administración del instituto actuó conforme a la ley, siguiendo los trámites habituales para cada solicitud, según consta en el Expediente Nº 19/ 2010 Capiatá, originado seis años atrás”, señala un informe oficial del Indert enviado ayer.
Nuestro diario verificó que la adjudicación firmada por Cárdenas no solo es irregular por tratarse de tierras que son de dominio público, al ser franja de protección del mencionado arroyo, sino además porque se basó en informes falsos sobre una ocupación y mejoras que jamás existieron, además de una mensura aparentemente amañada.
No obstante, en el instituto pretenden lavarse las manos, diciendo que se siguieron todos los pasos establecidos. La misiva explica primeramente que la beneficiaria de las tierras, Sra. Emilia Alfonso de Giménez, primero había gestionado ante la Municipalidad de Capiatá la compra de un lote ubicado en el Km 20 de la 6ª Compañía, Posta Ybycuá. Pero en setiembre de 2006 la entonces directora de Obras de la Comuna, Arq. Marian López, informó que al recurrir a la verificación de los datos en el sistema informático se constató que no se poseía información alguna del inmueble solicitado. “La mencionada directora de Obras de la Municipalidad de Capiatá recomendó que el expediente sea remitido al Indert para su estudio correspondiente”, subraya.
Agrega que el 5 de enero de 2010 la Sra. Alfonso presentó al ente rural la solicitud de compra del lote en cuestión, durante la gestión del entonces presidente del instituto Alberto Alderete. El trámite siguió su curso normal en la Gerencia de Colonias y Tenencias y luego el expediente pasó a la Agencia Regional del Indert en Central, para que el administrador de la zona realice la inspección ocular del lote y recabe datos de interés.
“El administrador del Depto. Central, Clementino Cabral, informó sobre las condiciones generales de la fracción y de la ocupación y mejoras, haciendo mención de la existencia de una casa de material cocido, cocina comedor, baño moderno, alambrado perimetral, agua corriente y luz eléctrica. Concluyó que de acceder a lo solicitado, no estaría afectando derechos de terceros y/o colectivos”, señala el comunicado. Lo que no reconoce es que dicho informe fue falseado, según se puede constatar en el terreno.
Se lava las manos
Por el contrario, Cárdenas se limita a explicar que antes de que él llegue al Indert se aprobaron las diligencias de mensura de la fracción solicitada como tierra fiscal y esos trabajos de medición fueron posteriormente avalados por Geodesia de Obras Públicas. “Según los planos que fueron aprobados, la fracción no afecta derechos de terceros, ni tampoco ocupa la franja de protección del cauce hídrico”, asegura el ente, pero nuevamente al verificar in situ el terreno se observa que en la realidad no existe la extensión de tierras que aparece en los papeles.
La administración del ente alega que el lote en cuestión ya ha sido titulado y que la única vía efectiva sería la nulidad judicial “en caso de que un estudio sobre el mismo arroje el resultado de que el documento fue emitido en contravención a normas vigentes”. Lo que no informa la misiva es cómo avanza la investigación sobre el expediente.