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“No se cuenta con el equipo humano ni técnico correspondiente para el cumplimiento de todo lo estipulado en le Ley 1862/02 (que establece el estatuto agrario) y la Ley 2419/04 (de creación del instituto)”, fue parte de la respuesta que envió el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) a la CGR, tras la auditoría de gestión llevada a cabo por el ente contralor (ver facsímil).
Precisamente, en la auditoría se cuestiona al Indert por no coordinar trabajos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Secretaría del Ambiente (SEAM) para todos los asuntos que requerían planificación y gestión integrada, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, lo cual implica incumplir el Artículo 3 de la ley que creó el Indert.
El ente tampoco desarrolló actividades de promoción y apoyo para la capacitación y organización de las familias asentadas en las colonias agrícolas y ganaderas, de tal manera a fortalecer la autogestión y la cogestión en el proceso de desarrollo sostenible, incumpliendo con el artículo 7, inciso b, de la citada ley.
Las trasgresiones también se dieron respecto al inciso f del mismo artículo, sobre planificación y ejecución de actividades para fomentar la cultura productiva que incorpore las normas ambientales vigentes y políticas establecidas, condiciones de uso racional de los recursos naturales para la efectiva sostenibilidad.
Igualmente, el informe de la Contraloría señala que no se observaron programas operativos en materia ambiental para los asentamientos y colonias elaboradas en coordinación con SEAM, incumpliendo el artículo 9 de la misma ley.
Sin licencia ambiental
El ente rural no gestionó ni obtuvo declaraciones de impacto ambiental y otros estudios similares, en contravención a los artículos 23 y 49, así como el 7 de la ley de Evaluación de Impacto Ambiental y decretos reglamentarios, que obligan a la realización de este tipo de estudios, añade el reporte. “Los asentamientos coloniales habilitados por el Indert en la Región Oriental no cuentan con Declaración de Impacto Ambiental o licencia ambiental”, cuestiona la auditoría.
La institución, según verificó la CGR, carece de convenios vigentes con la Seam, tal como lo exige el artículo 3 de la ley 2419/04; tampoco ejecutó acciones concretas para promover prácticas tendientes a la sostenibilidad ambiental, incumpliendo su propia política interna de responsabilidad y el artículo 29 del “Código de buen gobierno”.
“El Indert no remitió informes o documentación que permita comprobar que la institución llevó adelante acciones concretas para dar cumplimiento a ciertas políticas institucionales básicas, estipuladas en el art. 7 incisos c, d, e, g y h de la ley 2419/04”, añade la CGR.
Una escueta respuesta
Nuestro diario solicitó a Justo Cárdenas, presidente del Indert, su versión sobre la auditoría en cuestión, que muestra numerosas anomalías de distintos ámbitos en la institución que administra. Pero en lugar de eso, Cárdenas a través de la Dirección de Comunicación nos remitió todos los documentos de descargo del ente agrario a la Contraloría. Sobre todos los puntos mencionados en este artículo periodístico, el ente respondió con este escueto párrafo: “Con relación a las observaciones 26 al 34: Ratificando que esta dependencia no cuenta con antecedentes de convenios en el periodo 2017, tanto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería como con la SEAM, asimismo no se cuenta con el equipo humano ni técnico correspondiente para el cumplimiento de todo lo estipulado en le Ley 1862/02 (que establece el estatuto agrario) y la Ley 2419/04 (de creación del instituto)”.
Imputado por deforestar
El fiscal Jalil Rachid imputó la semana pasada al titular del Indert, Justo Cárdenas, por la deforestación de áreas verdes en la colonia denominada “Francia Cue”, distrito de Escobar (Paraguarí). Para el presidente del instituto, dicha imputación es “absurda” e incluso anunció que recurrirá al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para denunciar a Rachid por mal desempeño de sus funciones, lo que acotó, no es una amenaza, sino un derecho.