Desde la semana pasada nuestro diario viene publicando una serie de irregularidades detectadas en el Programa de Regularización Jurídica de la Tenencia de la Tierra y Diagnóstico de Colonias (censo rural), administrado por la Asociación Paraguaya de Estudios de Población (Adepo) con fondos del Indert.
En la víspera, el presidente interino del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, dispuso la rescisión del contrato con la Adepo.
La drástica medida fue tomada ante la negativa de la Adepo de permitir el acceso de los auditores del Indert a las documentos originales del proyecto, según lo manifestado por el titular interino del ente agrario.
Asimismo, obedece a la serie de irregularidades que la citada auditoría, a cargo de la Lic. Rocío Filippini, pudo constatar de los escasos documentos a los que tuvo acceso. “El informe final, porque no podemos llamarle auditoría realmente, se limitó al análisis de documentos auxiliares, y con esto se dictaminó dejar sin efecto el vínculo con la asociación (Adepo) y tomar las medidas administrativas y judiciales que sean necesarias para salvaguardar los intereses patrimoniales del instituto”, explicó Ramírez Montalbetti.
Añadió que, de los 7.500 millones de guaraníes entregados a la Adepo hasta ahora, para ejecutar el proyecto, todavía falta la rendición de 2.206 millones de guaraníes.
Preguntado si se accionará judicialmente contra los responsables, el titular del Indert afirmó que se está analizando con abogados penalistas de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), entre ellos, el Dr. Alejandro Nissen, para iniciar un juicio en contra de las autoridades de la Adepo y todos los involucrados.
Recordemos que los principales responsables del proyecto son el Ing. Arnaldo Barrios, coordinador general del censo, sobre quien pesa varios sumarios administrativos en el MOPC en incluso una denuncia ante la Fiscalía, según trascendió ayer.
El otro directo responsable es el Lic. Hugo Pereira, presidente de la Adepo, quien firmó todos los pagos y debía cobrar un salario de G. 9 millones a partir de enero de 2013; sin embargo, ya comenzó a cobrar en diciembre de 2012 la suma de G. 10 millones, como una de las joyas detectadas en el manejo turbio de los fondos del Indert. Recordemos que las demás autoridades de la Adepo son el Dr. Juan María Carrón (vicepresidente), Dr. Fabricio Vázquez, secretario general, y el Ing. Robert Cano, Tesorero.
Ramírez Montalbetti señaló que se analiza la continuidad del proyecto con funcionarios del Indert.