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Explicó que la regularización de la tenencia de los inmuebles que forman parte de las fincas expropiadas por Ley 517/95 a la firma Cipasa se haría cobrando precios de mercado a los ganaderos, es decir, unos US$ 1.500 por hectárea. Esta cifra, al ser proyectada sobre las 80.000 hectáreas, arroja el monto esperado de unos US$ 120 millones.
Argumentó que un juicio de desalojo de todos los estancieros, ocupantes ilegales, podría durar 50 años y que sería muy costoso, razón por la cual propuso crear una ley especial.
“Con la posible ley especial se busca habilitar al Indert para la venta de tierras en la Región Oriental a personas con altos ingresos, que no son sujetos de la reforma agraria; además, autorizar al ente agrario que venda parcelas de más de 30 hectáreas por familia, a precios de mercado, aspectos todos que están prohibidos por ley al Indert”, acotó.