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El instituto rural, presidido por Justo Cárdenas, comienza a pagar por las tierras de Chino Cue, que habían sido expropiadas a través de dos leyes de los años 2003 y 2010, según informó ayer la Dirección de Comunicación del ente. En este caso, el pago es para la firma de los empresarios Sarabia (José Marcos, Paulo Sergio, Antonio Ivar y otros), quienes aparecieron en Registros Públicos como dueños de 10.300 hectáreas desde hace siete años, en dudosos procedimientos.
Cárdenas había acordado con los Sarabia el pago de US$ 24 millones por dicha superficie, pero tras irregularidades publicadas por la prensa y verificadas por la Junta Asesora del Indert, el valor se redujo a US$ 13,5 millones. De todas maneras, no se llegó a modificar la intención del ente de entregar 60.000 hectáreas chaqueñas como forma de pago y, en su defecto, hacerlo en efectivo, si en el plazo de dos años no se encuentra disponible toda esa extensión de tierras en la Región Occidental.
Ahora, de acuerdo con los datos oficiales, se formalizó la transferencia de 24.000 hectáreas y el titular de la institución prometió completar las 36.000 hectáreas restantes antes de que se cumpla el plazo tope establecido, que vence en setiembre de 2017.
No pudimos tener mayores detalles hasta el cierre de esta edición, como por ejemplo, la situación de Chino Cue, en donde viven miles de compatriotas y a quienes el Indert va a cobrar finalmente el precio de las tierras que hoy se está pagando a Tierra de Negocios.
Según los antecedentes, la mencionada empresa trató de cobrar sumas mayores al Estado en el pasado, por las mismas tierras. Se creó en el 2008 exclusivamente para esta operación, en el 2009 quiso recibir US$ 31 millones del Estado, al no conseguirlo por las dudas en sus papeles, intentó de nuevo en el 2011, pidiendo US$ 20 millones, pero no lo consiguió. Finalmente, en la administración actual, Cárdenas se empeñó contra viento y marea en el pago.
Tierra de Negocios es parte del grupo de Agrofértil y está representada legalmente por Carlos Palacios, abogado del Grupo Cartes.
Otra investigación fiscal
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción abrió una nueva investigación relacionada al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que se suman a las demás carpetas cuyos procesos están en desarrollo en el Ministerio Público. El fiscal adjunto, Federico Espinoza, informó ayer que la agente designada vía sorteo es Liliana Álvarez, quien tendrá el caso específico de venta de derecheras de particulares en connivencia con funcionarios del Indert.
Aparentemente, una firma inmobiliaria denominada “Amambay Propiedades” ofrecía en la web Clasipar 8.500 Ha. estatales de la zona de Agua Dulce (Alto Paraguay), por unos US$ 15 millones. Otros particulares ofrecían en el mismo sitio web unas 55 Ha. ubicada en la corona del cerro Sarambí (Amambay), por US$ 40.000.