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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), presidido por Justo Cárdenas, pagó G. 4.947 millones por 1.059 hectáreas del distrito de Mbuyapey (Dpto. de Paraguarí), supuestamente para los fines de la reforma agraria. La compra fue hecha en el 2014 al Condominio Juan Benito Enrique Chávez, con RUC N° 80082859-3, propiedad de la persona con el mismo nombre.
Sin embargo, las mismas tierras tienen dueños con título de propiedad legítimos, inscriptos en Registros Públicos. Pero pese a que los pobladores vienen denunciando la situación, el ente hasta ahora no resuelve el conflicto y ni siquiera se ha pronunciado al respecto.
Ayer ABC conversó con uno de los pobladores, el señor Adolfo Franco, quien está hace más de tres décadas en su propiedad. Afirmó que su título sobre unas 30 hectáreas fue otorgado por el instituto rural, que entonces se denominaba IBR, y data de hace 32 años.
“Ahora la gente del Indert quiere darnos títulos a los que ya tenemos título”, afirmó don Franco. Según dijo, su documento de propiedad fue usado como aval para obtener créditos del Banco Nacional de Fomento en varias ocasiones y no hay forma de tacharlo de nulo.
En cambio, el título que compró la actual administración del ente sí tiene indicios de ser ilegítimo, de acuerdo con las denuncias. Por ejemplo, en los papeles figuraban 1.059 ha, pero en el terreno solo pudieron hallar 899 Ha.
Otro poblador afectado, el señor Carlos Farías, añadió por su parte que él compró su título hace solo unos años, pero lo hizo de alguien que estuvo en el lugar hace décadas.
“Yo no soy ocupante, como quiere hacernos pasar el Indert. Yo soy comprador, soy dueño de unas tierras cuyo título no tiene gravamen alguno”, resaltó.
Farías adquirió cerca de 300 ha y, según su percepción, tanto él como los demás propietarios no se preocupan porque están seguros de sus derechos. Sin embargo, admiten que puede haber atropellos si no denuncian el irregular accionar del Indert.
Cárdenas había desembolsado la millonaria suma por estas tierras en 2014 y recién el 27 de junio de 2016 se realizó una mensura judicial. Es decir, compró un título sin siquiera hacer una verificación del terreno.
Al respecto, don Farías resaltó que esta zona de Mbuyapey no es apta para agricultura en al menos 70%, pues hay muchos esterales, por lo que ni siquiera podría servir para los fines de la reforma agraria.