Indert afirma que no hizo pagos a firma inexistente

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) niega que haya pagado G. 5.292 millones a una firma fantasma, en concepto de indemnización por tierras expropiadas. Sin embargo, según los documentos sobre el caso, no solo abonó esa suma a una sociedad extinguida, sino además lo hizo sin antes hacer mensura para medir la superficie comprada.

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Este caso surgió a partir de que el señor Fabián Ferreira Lugo, que hace trabajos de gestoría ante el Indert, presentó una denuncia fiscal por un aparente hecho de estafa que afecta, sobre todo, al patrimonio del ente rural.

De esta denuncia se desprende el hecho de que el instituto haya pagado la cuantiosa suma de G. 5.292 millones a una empresa cuya sociedad caducó hace 16 años, llamada “Cabaña 3S”. Además, el desembolso se realizó supuestamente a personas que no estaban habilitadas para cobrar, específicamente las señoras Patricia Napout, Claudia Napout y Brunilda Doldán.

Según lo explicado por Ferreira, el ente agrario entregó la millonaria cifra sin siquiera hacer una mensura judicial en la propiedad para verificar si efectivamente cuenta con la superficie comprada. Según los datos del expediente, la finca en cuestión es la Nº 187 del distrito de Eusebio Ayala, de 441 hectáreas, expropiada por Ley Nº 498 de 1994.

Consultamos al Indert sobre los antecedentes del caso, utilizando el portal de acceso a la información pública. Como respuesta, nos proporcionaron 34 páginas del expediente, con la promesa de enviarnos vía digital la documentación restante.

Según los datos a los que pudimos acceder, la administración actual, de Justo Cárdenas, se limitó a inspeccionar la ocupación de las tierras por parte de unas 300 familias, que están en el sitio hace 18 años. También realizó una verificación perimetral que arrojó como resultado una superficie de 441 Ha., lo cual está puesto en duda por no haber sido una mensura judicial.

La institución hizo primeramente un pago de 65% en concepto de indemnización por la expropiación, pues 35% tenía embargo judicial por la denuncia fiscal de Ferreira. Pero tras una orden de la jueza capitalina Julia Rosa Alonso se levantó el embargo y el Indert terminó completando el pago.

Ferreira denunció que fue estafado por terceros (Doldán y las Napout), quienes supuestamente le hicieron trabajar, contrato mediante, para cobrar al Indert la citada indemnización, de la que se comprometieron a darle el 35%, pero tras lograr el desembolso se rehusaron a cumplir, según la denuncia.

En comunicación telefónica con ABC, Patricia Napout explicó ayer que se encontraba en Argentina, razón por la que estaría dando su versión a su regreso.

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