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En vista de que ningún juez ha accedido a emitir orden de desalojo sobre los inmuebles pretendidos, la administración del Indert lleva adelante un juicio por supuesta invasión contra la familia de apellido González, que fue adjudicada con lotes fiscales, por los cuales tiene pagado el 100% del valor. Así lo informó ayer el representante legal de los afectados, Abog. Gustavo Pedrozo, en comunicación con este diario.
Sin embargo, el planteamiento del instituto agrario, presidido por Justo Cárdenas, es considerado improcedente, pues para que se configure una invasión de inmueble ajeno deben reunirse tres elementos. Según explicó Pedrozo, primeramente, el ingreso tiene que darse sin el consentimiento del propietario; segundo, debe ser clandestino; y tercero, que se haya usado la violencia.
“Pero el Indert nos cobró por las tierras, nos autorizó a ingresar cuando nos vendió. Entonces, no entramos sin el consentimiento del dueño, tampoco de manera clandestina y menos aún usando violencia. Esta denuncia es totalmente descabellada, que solamente puede pensarse en una mente enfermiza”, aseveró el abogado.
En un comunicado de prensa, el ente rural señaló que los abogados y técnicos de la institución permanecen acampados frente a las tierras en cuestión desde el jueves pasado, con maquinarias del Ministerio de Obras Públicas y de Itaipú, esperando que la Fiscalía y los policías hagan efectivas “órdenes judiciales” para poder reubicar en el lugar a unas 50 familias de Santa Lucía. “Sin embargo, los González impiden esa tarea, recusando a cada fiscal que toma el caso. El Indert impulsa unos 16 casos contra Hugo González y su familia, que tienen unas 250 hectáreas en Punta Pistola, en transgresión a la ley que establece la reforma agraria en el país”, señala la misiva.
Recusaron a Díaz Verón
Al respecto, Pedrozo admitió que recusaron a varios fiscales asignados a la causa por “parcialidad manifiesta” e, incluso, ayer hicieron lo mismo contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, con el argumento de que este puso todo el Ministerio Público a disposición del Indert. “El ente está utilizando todo el patrimonio del Estado para conseguir un fin ilícito, porque lícitamente no pueden conseguir, y el Ministerio Público se está prestando a hacer el trabajo sucio. La misma fiscala me dijo: ‘La parte que tiene título se va a respetar y la que no, se va a considerar invasión’. ¿Pero ella quién es para determinar eso? Es solamente fiscal. Esto demuestra que la Fiscalía dejó de ser un órgano investigativo para ser un órgano represor, que sólo busca hacer la voluntad del presidente del Indert”, aseveró el abogado.
Problemas en Santa Lucía
El Indert trata de conseguir a como dé lugar tierras ante la falta de lotes en la colonia “modelo” de Santa Lucía. Incluso, según las denuncias, realizó desalojos sin orden judicial.
Todo esto porque no ha podido cumplir las promesas hechas a las más de 500 familias campesinas, que ocupaban Ñacunday y fueron trasladadas a Santa Lucía hace casi dos años.