Indert adeuda más de US$ 250 millones por tierras expropiadas

Las deudas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), en concepto de expropiaciones, superan fácilmente los US$ 250 millones, según informó ante nuestra consulta el gerente de Créditos de la institución, Carlos Soler. Los compromisos se van pagando, acotó, pero la suma crece por culpa del Congreso, que sigue expropiando a mansalva.

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En últimos 15 años se han generado cientos de expropiaciones de tierras, muchas de las cuales ni siquiera tuvieron un criterio social, sino más bien político, sostuvo ayer el funcionario en entrevista con este diario.

De acuerdo con lo explicado, la deuda contabilizada, es decir, que ya fue aprobada por la Junta Asesora del Indert y, por lo tanto, registrada oficialmente, está hoy por encima de los US$ 100 millones.

A eso se debe sumar la deuda no contabilizada, que ya se aprobó en el Congreso y se promulgó como ley, pero que aún no ingresaron a los registros de la institución. Según Soler, la cifra que está a ese nivel supera los US$ 150 millones.

A su criterio, lo peor de todo es que el Parlamento sigue aprobando de forma irresponsable las expropiaciones. “Venimos pidiendo desde hace años al Congreso que al menos nos consulten, que vean si por lo menos hay censo de la gente que va a ocupar (la propiedad a expropiar), pero muchas veces el criterio es meramente político”, afirmó.

Puso como ejemplo el caso de Guahory, distrito de Tembiaporã (Caaguazú), donde se había registrado un desalojo de familias campesinas, que posteriormente fueron reubicadas en un inmueble en proceso de compra por parte del Indert. Un grupo de estos campesinos ya fue llevado a este nuevo inmueble, de unas 1.550 hectáreas en Yhú, mientras que otro grupo quedó a la espera de la reubicación.

Aun así, recientemente se sancionó en el Congreso la ley que expropia, arbitrariamente, lotes de Guahory, de la zona aledaña llamada Banderita y áreas incluso más lejanas, que nada tuvieron que ver con el conflicto original de tierras.

En palabras del gerente de Créditos del Indert, ese caso “es una grosería”, que lo único que logra es cargar con más deudas al Estado. “Sería un despropósito expropiar si ya se compró otra propiedad. El motivo es claramente ideológico y, a mi criterio, el Poder Ejecutivo tiene que vetar la ley sancionada por el Congreso”, agregó.

Según los datos de Gerencia de Créditos, el presupuesto anual para pago de tierras del ente agrario es de sólo G. 160.000 millones, equivalentes a unos US$ 29 millones, al cambio actual.

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