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Representantes del Gobierno nacional y autoridades de INC se reunieron con periodistas de este diario para responder a los cuestionamientos publicados. Específicamente, en lo que respecta al contrato con la empresa Serviplus SA, presidida por Ricardo Ugarriza, para la adquisición de 20.000 metros cúbicos de fueloíl, por G. 92.340 millones.
Sobre la denuncia del cambio del pliego de bases y condiciones (PBC), por medio de una adenda, que desplazó el gasto de despacho y traslado a la INC (previamente corría por cuenta de la proveedora), Jorge Méndez, presidente de la cementera, aclaró que solo el despacho será costeado por la estatal y los demás gastos por la contratista. También negó que eso signifique una erogación de G. 12.465 millones.
Sobre el cuestionamiento al contrato, que no establece la modalidad del mismo y que, debido a eso, no están definidas las responsabilidades de las partes, Méndez señaló que ese dato figura en el PBC y que la condición es DES Vallemí, es decir, puesto en planta de esta ciudad.
ABC publicó que mientras todos los contratos para compra de combustible establecen la composición de precio: Platts (cotización internacional del producto) + flete + seguro + aranceles por el ingreso del bien a nuestro país + premio de la oferente, la INC utilizó un precio total, que no permite saber qué ganancia ofreció la proveedora adjudicada.
Sobre el punto, Méndez aseguró que, si bien es un valor global, si el Platts llegara a modificarse en 10% (tomando como parámetro el promedio de tres días antes de la apertura de sobres y tres días después), hacia arriba o abajo, también cambiará el precio del contrato.
El plazo de entrega fue otro aspecto cuestionado ya que, según datos del sector, es de imposible cumplimiento (entrega de la primera carga a los 35 días y de las siguientes cada 20, cuando el proceso completo de ida y vuelta de una barcaza tarda cerca de 40 días). Este aspecto habría limitado la participación de más oferentes.
Al respecto, el titular de la estatal indicó que se realizó una “contratación vía excepción abierta”. “Al lanzar el llamado dijimos que solo podríamos pagar si los proveedores nos aguantan 60 días, ya que no contamos con fondos. Eso pudo haber sido el elemento que impidió la presentación de oferentes”, apuntó, haciendo referencia a que los pagos se realizan luego de dos meses de haber recibido el producto.
En cuanto a la facturación de la empresa contratada, señaló que cumple con los requisitos, ya que no solo se incluyen los contratos con el Estado, sino también con el sector privado y con eso se adecua a las exigencias del PBC. Reconoció que la empresa nunca antes había proveído fueloíl, pero sí combustible de aviación y, según Méndez, eso basta para garantizar su experiencia y el cumplimiento del contrato.
Cuando se le consultó por qué incluyeron una cláusula que posibilita la prórroga (permite la extensión de los plazos a discreción de la convocante, es decir, del funcionario público que circunstancialmente está al frente), respondió que se trata de una condición incluida en un “pliego estándar” de Contrataciones Públicas.
Lo que aún no responde la INC es por qué decidió modificar ciertas condiciones de ese “pliego estándar”, como por ejemplo la forma de pago, pero no así la cláusula sobre prórroga, que precisamente puede resultar perjudicial para la estatal.