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Ayer a la tarde el fiscal Casaccia presentó el acta de imputación contra el presidente de Petropar, Sergio Escobar, en la causa caratulada “Sergio Escobar Amarilla s/ supuesto hecho punible de procesamiento ilícito de desechos e ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional”. El fiscal se basó en los artículos 200 del Código Penal (CP), que trata del procesamiento ilícito de desechos, que tiene una expectativa de cárcel de hasta 5 años o multa, y en el Art. 201 del CP, que penaliza el ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional, con idéntica sanción estipulada en el artículo anterior.
Aclara que la investigación se inicia de oficio, en virtud a las publicaciones periodísticas del diario ABC Color, que confirman a la vez los resultados preliminares que ya habían sido expuestos meses atrás en la investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otro, que refiere que la capital del país excede los niveles de contaminación tolerables en la región. Este estudio sitúa como los principales responsables de la contaminación a la antigüedad de los vehículos y a la mala calidad de los combustibles, principalmente el diésel, que es proveído con alta concentración de azufre y nitrógeno.
Las conclusiones refieren que en todos los sitios evaluados el nivel de contaminación excede los parámetros establecidos en la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cita además que la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (AIIC), que forma parte de la OMS, ha anunciado que los gases de escape de los motores diésel han sido clasificados como cancerígenos para los humanos sobre la base de pruebas científicas que muestran que esa exposición está asociada con un mayor riesgo de cáncer de pulmón.
Al tiempo de imputar a Escobar, el fiscal ordenó la prohibición de su salida del país y la caución real de G. 300 millones. La fiscalía tiene 6 meses para investigar. Casaccia refirió en otro orden que el tipo de combustible de desecho introducido al país por Petropar resta hasta 25 años de vida a la gente, y la mala calidad del producto no se relacionaría al precio pagado por lo que pedirá una investigación de la unidad de delitos económicos.