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La imputación de los agentes de Delitos Económicos también alcanza a Jacinto Bernal, entonces asesor de presidencia de la ANDE. Además fueron incluidos en el proceso la asesora jurídica de la ANDE Mónica Rodríguez, René Aranda y Ángel Javier Galeano, abogados de beneficiarios con la indemnización.
Los fiscales casi no pudieron presentar la imputación porque la jueza Lici Sánchez se negaba a recibirla debido a que los implicados no tuvieron oportunidad aún de defenderse en audiencia de indagatoria. Finalmente, y bajo la promesa de que serán citados en breve, la magistrada aceptó el escrito fiscal.
Según el Ministerio Público, a pesar de tener la autorización para ingresar a los inmuebles de los propietarios renuentes, Carlos Heisele, presidente de la ANDE, en su carácter de administrador de la entidad autorizó el pago indebido de indemnizaciones, cuyos montos eran mayores que los fijados por el Departamento de Topografía de la ANDE y que con dicha acción causó un perjuicio patrimonial de G. 9.451.992.829.
Algunos millonarios pagos que aparecen como irregulares son: Pago de G. 3.180.000.000 a la Firma Bertipaglia, que debió recibir solo G. 61.146.000 por servidumbre de electroducto, según la tasación oficial realizada por el Departamento de Topografía; pago de G. 1.495.000.000 a la firma Inmobiliaria Agropecuaria Santa María SRL, que debió recibir la suma de G. 673.516.436; pago de G. 1.300.000.000 a Ubaldo Cantero, que debió recibir G. 254.174.172; pago de G. 3.500.000.000 a la firma UniMarket SA, representada por Luis Antonio Saccarello, cuando debió recibir G. 1.199.982.190.
En la imputación también se incluyó el doble pago por un inmueble. Juana F. Centurión recibió 195.000.000 de guaraníes pese a que el anterior propietario, Dieter Seifert, ya fue indemnizado y que advirtió eso cuando vendió la propiedad.