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Por presunta comisión del hecho punible de “procesamiento ilícito de desechos” fue imputado el expresidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Ing. Agr. Francisco Regis Mereles, junto con Marcel Burtscher, representante de la firma Agro Micro Plant SA. El fiscal ambiental de la causa es el Abog. Carlos Rojas Martínez, de acuerdo con el acta de imputación. El aparente delito se enmarcó dentro de una licitación pública por G. 39.000 millones para el traslado, tratamiento con biodegradación y disposición final de unas 2.600 toneladas de semillas de algodón vencidas, que estaban tratadas con plaguicidas, hasta convertirlas en fertilizante.
Según los datos, la basura tóxica se encontraba en los galpones de la ex-Ofat (en Perú y Artigas), que dependía de Senave; se la trasladó desde el 3 de diciembre de 2014 hasta el 16 del mismo mes al establecimiento de la empresa Tirol, en la colonia Tirol, en el departamento de Itapúa, mediante unos 135 viajes de camiones.
Las simientes obsoletas estaban tratadas con agroquímicos (3-hidroxicarbofurano, Carbofurano y Furatiocarbe); eran sobrantes de varias campañas agrícolas que datan de 1986, incluso.
Entre las argumentaciones del fiscal está que los procedimientos realizados no se encontraban previstos en la licencia ambiental otorgada por la Secretaría del Ambiente (Seam) a la empresa Agro Micro Plant SA, y al Senave.
Según el documento judicial, todo el procedimiento realizado con las semillas tóxicas generó efluentes en la limpieza y lavado de los galpones; en tal sentido, por no cumplir ningún tipo de medidas de mitigación en los trabajos, se pudo haber causado contaminación de las aguas, aire y suelo.
Niega irregularidades
En conversación con ABC, Regis Mereles aseguró que el proceso para el destino final de las semillas vencidas de la ex-Ofat fue totalmente transparente y público. Dijo que por urgimiento de la Corte Suprema, brindó solución definitiva al potencial peligro y a los problemas que acarreaba la antigua acumulación de basura tóxica.
El Senave solo pagó la mitad de lo establecido a la firma Agro Micro Plant SA, de acuerdo con los datos.