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“Cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles, será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso. Si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente”, indica el artículo de referencia.
Pero Osnaghi y Fugarazzo ignoran esta ley. Ellos fueron imputados junto con la directora de Control de Calidad y el asesor legal de Seam, Gloria Rivas y Ángel Lird, por supuesto hecho de incumplimiento de obligaciones legales referentes a medidas de mitigación ambiental, usurpación de funciones públicas y prevaricato.
Fueron extraídos unos 170.000 metros cúbico de tierra del predio del aeropuerto sin siquiera establecer medidas de mitigación ambiental, con el objetivo de usar ese recurso para rellenar el terraplén de la autopista Ñu Guasu. El fiscal que lleva el caso es Carlos Rojas y presentó la imputación ante el juez de Luque, Alberto Sosa.