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Rojas llegó a verificar en su investigación que en la misma Secretaría del Ambiente (Seam) surgió la idea de evadir la evaluación de impacto ambiental apelando al artículo 9 de la Ley 294, que exime de ese requisito.
Además, en el marco de la investigación la Fiscalía pudo verificar que las enormes excavaciones en el predio del aeropuerto, llevadas adelante por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), fue supuestamente para desviar el arroyo Itay y alejar el cauce de la pista de aterrizaje, pero que en realidad, el mayor apuro fue contar con tierra prácticamente gratis para el relleno de la futura autopista Ñu Guasu, una de las obras emblemáticas del Gobierno Nacional.
Además, documentos que obran en Fiscalía indican que “especialistas” de Seam en connivencia con las autoridades de Dinac evadieron la evaluación de impacto ambiental, vale decir, sin siquiera contar con medidas mínimas de mitigación por el impacto ocasionado en el recurso (en este caso, la tierra y el arroyo).
También se comprobó que mientras Dinac alegó el descabellado argumento de que la obra era una cuestión de “defensa nacional” por estar en el predio de la Fuerza Aérea, la Comuna de Mariano Roque Alonso presentó documentos que muestran que el área de obras es terreno municipal.
De hecho, la Municipalidad presentó una denuncia penal en contra de las autoridades de Dinac y otros involucrados en las obras del aeropuerto, ya que al estar en terreno de la Comuna, debían tener el permiso correspondiente.
La ley orgánica municipal señala en su artículo 235, al respecto: “Toda persona interesada en construir, ampliar, reformar o demoler una obra deberá obtener previamente un permiso de la Municipalidad y ajustarse a las normas establecida en las leyes y las ordenanzas”.
Según señala la ley de referencia, para realizar una obra en el municipio se deben presentar y cumplir varios requisitos: dos copias del título de propiedad debidamente autenticados, tres copias de plano de la obra, tres copias de planilla de cómputo y presupuesto, firma del profesional responsable habilitado en el municipio, fotocopia de patente y cédula del profesional, copia debidamente autenticada del documento de identidad del propietario y/o sus representantes legales, copia simple de boleta de impuesto inmobiliario y presentación de estudios especiales (ley 294/94).
Sin embargo, Dinac, cuyo presidente es Carlos José Fugarazzo, simplemente evadió todos estos requisitos previos. Además, dejó de lado varias leyes ambientales con amparo de la propia Seam, cuyo titular es el ministro Heriberto Osnaghi.
Imputación postergada
Datos fiscales señalaban que supuestamente la semana última se tomaría la decisión de imputar o no. Intentamos comunicarnos con el fiscal Rojas para preguntarle acerca del tema, pero su teléfono se encontraba apagado y fuentes de la unidad informaron que se encontraba de viaje, en otros operativos ambientales.
Cárcel de hasta 8 años
Los responsables de las excavaciones y desvío del arroyo Itay se exponen a pena privativa de libertad de entre tres y ocho años o multa de hasta G. 127.556.000, según lo establecido en la Ley Nº 716, “Que sanciona delitos contra el medio ambiente”.
El artículo 4° indica: “Serán sancionados con penitenciaría de tres a ocho años o multa de 500 a 2.000 jornales mínimos legales: Los que realicen obras hidráulicas tales como la canalización, desecación, represamiento o cualquier otra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de agua de los humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente y los que atenten contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan”.