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La Avda. Ñu Guasu sigue generando quejas. La obra se acortó 500 m. La iluminación prevista contractualmente fue eliminada en toda su extensión. En las pasarelas peatonales habilitadas se colocaron marcos metálicos, pero faltaría instalar vidrios laminados antivandalismo.
No se previó el ingreso directo al Comité Olímpico, ubicado en el lado izquierdo de la autopista yendo de hacia la ex-Caballería. Los desagües que canalizan el agua de lluvia a la cuneta para evitar la erosión de los taludes son insuficientes. El peralte (inclinación de la calzada para evitar el efecto de la fuerza centrífuga) en la curva de enlace con la autopista Silvio Pettirossi es prácticamente negativo (insuficiente) como se aprecia en la imagen.
La autopista Ñu Guasu (Asunción-Luque) tiene una extensión de 6,3 km (por lo menos debía tener), con cuatro carriles. Había sido adjudicada por licitación pública nacional N° 95/2011.
La obra fue dividida en dos tramos. El Tramo 1, de 3,15 km (Estación Botánico- Puente sobre arroyo Itay), fue adjudicado al consorcio Tecnoedil SA-Heisecke SA- Ocho A SA, a un precio inicial de .G 112.798 millones, pero concluyó con un encarecimiento de G 27.741 millones (US$ 5 millones en la cotización actual). Es decir que el precio final llegó a G. 140.359 millones.
El Tramo 2, de 3,15 km (Puente Itay-Supermercado Los Jardines), se acortó 500 m. Fue adjudicado al consorcio Las Residentas (C.I.V. SA-M&T SA) por un monto de G. 85.239 millones, y se encareció G. 16.022 millones (casi US$ 3 millones), llegando a un precio total de G 101.261 millones.
La obra terminó con un retraso de dos años. La fiscalización estuvo a cargo del consorcio Tape Guazú, integrado por Cialpa SA-Electropar SRL-Ing. Tosticarelli y Asociados.
Esta obra abarcó la gestión de dos ministros de Obras: Enrique Salyn Buzarquis y Ramón Giménez Gaona. En su momento, un viceministro de Obras, Ing. Leoncio Rojas, declaró que el pliego de bases y condiciones “contenía errores que serían corregidos en breve”. En principio se refirió a errores topográficos, y una serie de “lagunas” que encontraron cuando examinaron en el proyecto ejecutivo “hasta el punto que hasta hoy faltan datos”.
Incluso, enumeró algunas de las obras complementarias que fueron obviadas, y sostuvo que los errores se debieron a que la proyectista contratada para el estudio y proyecto (se refería al Consorcio Oting, conformado por la consultora Otev-Ingser) “tuvo poco tiempo para terminar los trabajos porque no se respetaron los plazos”, y atribuyó a esta causa que el precio inicial previsto entre US$ 22 millones a US$ 27 millones para esta obra “fuera totalmente rebasada”.
Quizá las imprevisiones se deban al proselitismo político que “tiñe” las obras públicas en algunas épocas.
ccaceres@abc.com.py