Implicado en caso Cajubi acusa a Víctor Bernal y a Duarte Frutos

Eduardo García Obregón, guatemalteco residente en Canadá, uno de los extranjeros a quienes se les imputa haber participado en el desfalco de la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi), envió una carta al director paraguayo de Itaipú, James Spalding, con copia al director brasileño, Jorge Miguel Samek, en la que acusa, entre otros, a Nicanor Duarte Frutos y a Víctor Bernal Garay.

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La carta, que consta también de varios anexos con fotografías y documentos, fue remitida el 13 de mayo con el siguiente encabezado: “Itaipú: lavadora de dinero y encubridora de políticos Bernal y Duarte Frutos”. El primero fue el director de Itaipú y el segundo el presidente de la República en la época en que ocurrieron los multimillonarios desvíos, que le provocaron a la Cajubi una pérdida estimada en más de 100 millones de dólares. El material completo, así como fue enviado, está disponible en formato PDF aquí.

Pago de “comisiones”

La misiva señala que, durante el periodo de Duarte Frutos (2003-2008), se orquestó en Itaipú un esquema que usaba a “la subsidiaria Cajubi” como “maquinita” para beneficiar a individuos en Paraguay mediante el pago de comisiones. Identifica como los intermediarios a Eduardo García-Mascheroni, Arturo Alfredo Girardi, Ronald Timcke y Rainer Huber.

Subraya que estas personas eran conocidas en el ámbito de las inversiones financieras en Paraguay. García-Mascheroni había sido por muchos años accionista de la firma de inversiones EGM & Asoc. Wealth Management, y Timcke de la firma Valores Casa de Bolsa.

García Obregón subraya que los 57 millones de dólares canadienses (C$) transferidos electrónicamente a Ontario y Alberta en Canadá en forma de inversiones financieras “procedían de las actividades criminales cometidas por Itaipú y/o sus representantes” y que “Itaipú usó a Canadá para lavar esos fondos”.

Es necesario mencionar que, según los antecedentes, todos o gran parte de esos fondos se enviaron o canalizaron a través de empresas vinculadas a Eduardo García Obregón, autor de la carta, por lo cual la justicia paraguaya tiene en trámite un proceso de extradición.

Receptores del dinero

Como “usted sabe”, le dice García a Spalding, “la gran mayoría de estos fondos” fueron enviados a las cuentas de los bufetes jurídicos Fogler Rubinoff LLP, Miller Thompson LLP y Jeffrey H. Larson; y a las cuentas de Union Securities Ltd., Universal Settlements International Inc., y de la entidad derivada de esta última Keystone Settlements International LLC” (en la carta se incluyen los números de cuenta, ver en ABC Digital).

Encubrimiento

García sostiene que tanto Itaipú como la Cajubi impulsan juicios criminales en Paraguay y civiles en Canadá, supuestamente para castigar a los culpables y recuperar el dinero, “mientras que, privadamente, de manera deliberada y sistemática, continúan protegiendo a los mismísimos ejes del esquema: García-Mascheroni y Timcke”, con la finalidad de “proteger al senador Bernal y al expresidente Duarte Frutos”.

Cuestiona a los abogados contratados en Paraguay, entre los que figura el diputado Bernardo Villalba, “asociado con capos del narcotráfico”, y al equipo de seis abogados contratados en Canadá de la firma Shibley Righton LLP, liderados por Jackqueline L. King, a quien acusa de realizar acciones específicas dirigidas a consolidar la maniobra de encubrimiento.

“Cualquier juicio en cualquier jurisdicción que tenga que ver con estos C$ 57 millones que excluya a los ejes de este esquema paraguayo (García-Mascheroni y Timcke) y a las cabezas de turno (Bernal y Duarte Frutos) es un circo y por ende una burla a la inteligencia del pueblo paraguayo”, subraya García Obregón, y le reitera a Spalding la solicitud de enviar a la Policía Federal Canadiense “los nombres de los beneficiados últimos de las sumas multimillonarias en dólares en Suiza y Miami”.

Robo del siglo

Entre 2003 y 2008 se esfumaron de la Cajubi más de US$ 100 millones en disparatadas inversiones con promesas de alto rendimiento y beneficios particulares, parte a través de nexos canadienses y parte a través de un venezolano llamado Marcelo Barone que reside en Inglaterra. Actualmente hay seis empantanados procesos penales abiertos en el país, por perjuicios en torno a los US$ 50 millones en total, con una lista de acusados encabezada por Víctor Bogado Núñez, presidente del Consejo de Administración de la Cajubi cuando acontecieron los hechos.

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