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De acuerdo a fuentes tribunalicias, el juez Hugo Garcete se expediría hoy sobre el recurso de amparo presentado por Petrobras Paraguay Operaciones y Logística SRL en contra de los decretos N° 2999/15, que concede un monopolio parcial a favor de Petropar en la importación y venta de nafta y gasoil común así como en la de nafta virgen. También accionó contra los efectos del decreto N° 3324/15, por el cual se modifica y amplía el decreto N° 2999 del 27 de enero de 2015”, porque según destaca el escrito, violan derechos protegidos constitucionalmente, tales como el Art. 47, de igualdad ante la ley; el Art. 107, de la libertad de concurrencia; el Art. 137, de la supremacía de la Constitución Nacional, y el Art. 202, numeral 12, de los deberes y atribuciones del Congreso, entre otras consideraciones legales.
Según los datos que obtuvimos en Tribunales, desde el Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se está ejerciendo fuerte presión para que el juez rechace el amparo solicitado por el emblema, que se considera agraviado por la medida que genera inseguridad jurídica en el país.
Incluso, para infundir más temor al Juzgado, funcionarios ligados al Gobierno rememoran lo acontecido con el juez en lo civil y comercial Hugo Hernán Morán, quien había sido suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado al decretar como medida cautelar que las firmas Sideris Bros SA y Coulter Business INC intervengan como terceros junto a la empresa Insidsa, para que defiendan los intereses de Cerro Lorito (parte de Cosipar) en la demanda arbitral que promovió el Estado. En tanto abogados consultados nos refirieron que este juez fue separado a pesar de que había obrado en derecho y se teme que ahora pase lo mismo con el amparo de Petrobras.
Abiertamente, el titular de Industria y Comercio, Gustavo Leite, evidenció ayer estas muestras de presión que estamos citando.
Petrobras planteó que los decretos atacados generan una desigualdad total en el sector combustible, con los privilegios que se conceden a Petropar. Refiere que la misma empresa estatal que vende los carburantes a los emblemas es su competidora en el mercado, pero con un plus a su favor, de que también puede decidir si concede o no la licencia de importación de los combustibles a los demás sellos. Y todo esto de la mano del MIC, que tendría que actuar en favor de todas las empresas del sector y no solo en beneficio de una, que en este caso es Petropar.