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La acción de la petrolera brasileña se entabló contra los decretos Nº 2999/15 y Nº 3324/15, que dictó el Ejecutivo para salvar los despilfarros de Petropar, utilizando como pretexto que “son en favor de la gente”, aunque la realidad es exactamente lo contrario, ya que al fijar los precios por decreto, tanto para el gasoil común como para la nafta económica, la norma prohíbe a los emblemas vender por debajo de los valores establecidos en dichas normas.
Es más, la ciudadanía terminará pagando casi US$ 16 millones más al año por las cotizaciones fijadas por el decreto en la nafta económica, atendiendo a que el sector privado consigue hasta G. 300 por litro más barato, pero no puede comercializar a valores diferentes, mientras que en el gasoil común el sobrecosto orilla los US$ 20.640.000 al año, atendiendo que el sector privado vendía un gasoil de mayor calidad (500 ppm) al mismo precio que el común, de 1.300 ppm de Petropar, lo que induce a pensar que definitivamente la estatal puede rebajar al menos en G. 200 más por litro este carburante. No obstante, mantiene a G. 4.690 por litro cuando podría venderse a G. 4.490 por litro.
Al eliminar la competencia en el 50% del mercado con estos decretos, se prohíbe a la ciudadanía recibir combustibles a menores precios y de mejor calidad que los establecidos en las referidas normas atacadas de violar la Constitución Nacional.
Además de ser inconstitucional por transgredir varios artículos de nuestra Carta Magna, dichos decretos también violan otros numerosos artículos de la ley de Defensa de la Competencia, que tiene por objeto defender y promover la libre competencia en los mercados. Los actos contra la libre competencia quedan prohibidos y serán corregidos o castigados mediante los mecanismos y sanciones previstas en esta ley, dice el Art. 1, mientras que el Art. 2, numeral 1, agrega: “Todos los mercados estarán regidos por principios y reglas de libre competencia”.
El juez que lleva la causa es Hugo Garcete, del Undécimo Turno en lo Civil y Comercial, y ya había rechazado el pedido de urgencia que también había solicitado Petrobras. Desde un primer momento se habló “en voz baja” en los pasillos de los Tribunales y en las carteras de estado involucradas, que existía una fuerte presión para que el juez Garcete rechazara la acción presentada por Petrobras, y por ende, que actué a favor del Poder Ejecutivo.
También desde el oficialismo se dejó entrever amenazas solapadas sobre denuncias contra el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo tono agresivo y hasta violento del ministro de Industria y Comercio (MIC) Gustavo Leite evidencian que estos rumores no serían alejados de la realidad, así como las numerosas versiones que corren desde las instituciones del Estado para amedrentar a la petrolera accionante, que indicó en un comunicado que confía en la justicia y que recurrirá en todas las instancias posibles para demostrar el gran perjuicio que genera a las inversiones privadas los referidos decretos que concedieron un monopolio parcial a favor de la ineficiente y corrupta petrolera estatal.