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Cabe recordar que tras una prolongada reunión con el vicepresidente de la República, Juan Afara; el ministro de Hacienda, Santiago Peña; y el jefe de Gabinete presidencial, Juan Carlos López Moreira, el pasado día 13, los importadores de autos de segunda mano declararon una “tregua” a sus manifestaciones en la vía pública y aceptaron integrar una mesa técnica, con la participación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), para debatir sobre el Decreto N° 5822, que eleva hasta a 25% la tasa impositiva que grava a la importación de automotores usados. Los empresarios pidieron la derogación de la medida o el cobro de impuesto sobre el “valor real” de factura, y no sobre los precios fijados por la Aduana.
Al respecto, Miguel Barrios afirmó que el fisco y la DNA aceptaron que el impuesto (aumentado) sea aplicado sobre el valor real de factura, pero luego de que la operación cumpla con todas las obligaciones legales de giro bancario, visación consular, etc., con la idea de evitar eventuales abusos por parte de ciertos importadores. Es decir, que no ingresen vehículos que no cumplan los requisitos y subfacturados de forma evidente. Acotó que las marcas más importadas ya tuvieron una definición y ahora quedan las demás.