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El juez en lo Civil Miguel Ángel Rodas admitió el pasado jueves, para su estudio, el amparo constitucional promovido por 34 productores de soja contra la multinacional Monsanto y el Instituto de Biotecnología Agrícola (Inbio) y convocó a los amparistas para hoy, a las 7:00, para la sustanciación del juicio, según revelaron fuentes del sector de la producción.
La presentación, radicada por los abogados Juan Carlos Arévalos y Óscar Luis Tuma, sostiene que los aportes por la comercialización de la soja transgénica RR (resistente al glifosato) se realizarían con base en una patente supuestamente vencida, según ellos concedida por un plazo de 20 años, el cual se habría cumplido el 7 de julio de 2006.
Pero, según Monsanto, la patente aludida de la soja RR es la RE39,247E (Barry et al.), que está vigente en los Estados Unidos y cuya fecha de vencimiento es el 27 de mayo de 2014. Recordemos que el Tribunal de Justicia del Estado de Mato Grosso, Brasil, el 4 de diciembre de 2012, modificó una medida cautelar anterior y autorizó a la empresa Monsanto a reanudar el cobro de regalías de soja Roundup Ready (RR) en dicho estado y en consecuencia en todo Brasil. “Cualquier persona puede acceder a la información sobre las patentes vigentes y expiradas en los Estados Unidos ingresando al siguiente sitio web: www.uspto.gov y realizando una búsqueda por número de patente”.
APS contra Monsanto
La Asociación de Productores de Soja del Paraguay (APS), cuyo titular es el Ing. Agr. Regis Mereles, opina que el descuento que se realiza en los silos por parte de la Monsanto, por el uso de la tecnología RR, que tiene el aval de cinco gremios integrantes de la cadena, es supuestamente indebido. Aseguran que el contrato que firmó la APS se negoció a espaldas de los productores. “Hasta hoy día no han mostrado la cara quienes supuestamente representan a través de sus respectivas comisiones directivas, los intereses del productor”, acusó Regis. “El negocio está en la repartija de la torta de los 35% que gentilmente la Monsanto distribuye al resto de la cadena (10% al Inbio, 8% a los silos, 13% a los obtentores, del cual la propia Monsanto es parte y el 4% a los semilleros). Este negocio redondo y sin mucho esfuerzo para muchos, le alcanza a consultores, dirigentes gremiales (mesa agrícola), abogados y hasta políticos que hoy forman parte del Gobierno”, acusó Mereles.