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El martes 26 de diciembre se abrirán los sobres de ofertas para la ampliación de una cámara frigorífica y la construcción de un tinglado de cobertura de equipos de asistencia (SAT). El monto aproximado de inversión es de unos G. 2.934.000.580. Esta es solo una de las millonarias inversiones que se siguen realizando en el aeropuerto Silvio Pettirossi ante la indefinición de la licitación para su modernización, por el sistema de Alianza Público-Privada (APP).
Rubén Aguilar, administrador de la terminal aérea, justificó esta nueva inversión financiada con dinero del Estado, señalando que los costosos equipos SAT que fueron adquiridos recientemente deben tener un lugar seguro donde guardarse y que para ello se proyecta la construcción de un tinglado. El tinglado en cuestión estará ubicado dentro del predio del aeropuerto en Luque.
Cuando le preguntamos cómo se vincula esta nueva infraestructura edilicia dentro del aeropuerto con el proyecto de modernización que pretende entregar la terminal al sector privado por 30 años, respondió que la falta de definición de la APP está afectando a todo el funcionamiento del aeropuerto.
Según comentó, el presupuesto del aeropuerto es el mismo desde hace tres años, pero la cantidad de conexiones y pasajeros aumenta constantemente, lo que según él, les obliga a realizar inversiones que acompañen ese crecimiento.
Años atrás el aeropuerto Silvio Pettirossi estaba financiando su propia modernización, que incluso culminó en su primera fase, cuando el gobierno interrumpió abruptamente la ejecución de ese proyecto, de unos 30 millones de dólares, lanzando una licitación APP que suponía la entrega al sector privado de la principal terminal aérea del país.
Con el proyecto APP la inversión supuestamente llegará a los 150 millones de dólares en 30 años. A diferencia del proyecto anterior, este prevé la construcción de un nuevo edificio, que según especialistas, no se justificaría si se atiende a la cantidad actual de pasajeros y la proyección de crecimiento.
La definición de la APP está actualmente en manos de la Corte, tras una acción planteada por el Ministerio de Obras Públicas.