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Estos funcionarios están distribuidos en dos oficinas alquiladas por Hacienda: una sobre la calle Mariscal Estigarribia y la otra sobre México, a un costado de la plaza Uruguaya.
Estas oficinas son conocidas comúnmente como Alcatraz I y Alcatraz II (en alusión a la famosa ex cárcel de los Estados Unidos) porque allí van a parar los castigados, ya sea porque están bajo sumario administrativo o sospechados de haber cometido supuestos actos de corrupción en su gestión o simplemente porque se quedaron sin cargos.
EX FISCALIZADORES
El 80% de estos funcionarios son ex fiscalizadores de la Subsecretaría de Tributación, que quedaron de lado desde el 2004 cuando el entonces ministro de Hacienda, Dionisio Borda, y de Tributación, Andreas Neufeld, optaron por desmantelar ciertas dependencias de la Dirección de Fiscalización y de la Dirección de Grandes Contribuyentes.
Los ex fiscalizadores de Tributación esperan que la nueva viceministra, María Gloria Páez, les asigne tareas para realizar porque hace años que solo se dedican a marcar presencia y cobrar.
Estos prefirieron hablar sin dar sus nombres y comentar que están todo el día en dicho lugar sin hacer nada, salvo en esporádicas ocasiones en que se les da alguna misión sin mucha relevancia.
Reconocen que cobran mensualmente por no hacer nada, pero culpan de esta situación a las autoridades de Hacienda que no les hacen trabajar y sostienen que la mayoría son gente capacitada.
No descartan que de aplicarse el programa de retiro voluntario algunos se vean tentados a dejar la administración pública.
Este proyecto de retiro, sin embargo, autorizado por ley de presupuesto fue encajonado por la Presidencia de la República.
El programa de retiro ya debía haberse implementado, pero ni siquiera se tiene la reglamentación de la ley.
En la dependencia que se encuentra sobre México, Alcatraz II, funciona la Unidad de Comprobación de Datos (UCD), en donde actualmente los contribuyentes presentan la declaración del Imagro.
Según el jefe de la Unidad, Edgar Bobadilla, esta tarea ocupa a un máximo de 30 personas, pero el resto está sin hacer nada casi todo el tiempo (el horario es de 7 a 13).
Explicó que existe un proyecto que apunta a modernizar dicha oficina, hacer que se vuelva operativa de nuevo y ocupar a todos.
Bobadilla indicó que muchos funcionarios ya renunciaron y se fueron a trabajar en el sector privado.
También considera que si existe un retiro voluntario, algunos estarían dispuestos a salir.